La obligatoria tasa de basuras: un nuevo costo para los hogares españoles

Desde este jueves, los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes en España están implementando una nueva tasa de basuras, un tributo destinado a cubrir los gastos de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esta medida, que transpone una directiva europea de 2018, busca que España alcance los objetivos de gestión de residuos establecidos por la Unión Europea, que exigen un 55% de reutilización y reciclaje para 2025, aumentando al 65% para 2035.

La implementación de esta tasa está generando un intenso debate debido a la disparidad de criterios que están adoptando los diferentes municipios. Según Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), la ley presenta una «regulación defectuosa» que está conduciendo a diferencias significativas entre los consistorios. La OCU, por su parte, está pidiendo que el modelo sea lo más sencillo posible para los ciudadanos, evitando la imposición de sistemas complejos o la necesidad de adquirir bolsas específicas.

¿Cómo se está calculando el importe de la tasa?

El principio fundamental que inspira esta nueva tasa es el de «quien contamina, paga». Sin embargo, la normativa no ha establecido criterios unificados para su aplicación, dejando a cada ayuntamiento la libertad de determinar cómo calcular el importe. Esta flexibilidad está resultando en una amplia variedad de tarifas, que oscilan entre 30 y 120 euros anuales, con una media estimada de 80 euros. Algunas de las variables que se están utilizando para calcular la tasa incluyen:

  • Valor catastral del inmueble
  • Ubicación de la vivienda
  • Número de personas empadronadas
  • Consumo de agua

Además, algunos municipios están considerando la aplicación de tasas diferenciadas para aquellos consumidores que se encuentran en riesgo de exclusión social, tomando en cuenta factores como los ingresos, la situación laboral (desempleados, pensionistas), la composición familiar (familias numerosas) o la existencia de alguna discapacidad.

Impacto en los contratos de alquiler: ¿quién paga la tasa, el propietario o el inquilino?

Una de las principales interrogantes que está surgiendo con la implementación de esta tasa es quién debe asumir el pago en el caso de las viviendas alquiladas. En principio, el sujeto pasivo de la tasa es el ocupante de la vivienda, es decir, el inquilino, ya que es quien se beneficia directamente del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, Mariluz Rodríguez, abogada del departamento de Inmueble de Legálitas, aclara que la situación es más compleja. Según Rodríguez, si el contrato de alquiler ya está en vigor, «no se les va a poder repercutir» la tasa al inquilino. La abogada se basa en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que para que la repercusión de un gasto sea válida, el importe debe estar especificado en el contrato. Por lo tanto, los inquilinos a los que se les exija abonar esta tasa a mitad de contrato tienen el derecho de negarse.

En cambio, los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la tasa sí podrán incluirla. En estos casos, «los arrendadores deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento correspondiente para que les indique qué importe va a ser y reflejarlo en el contrato», explica Rodríguez. La abogada advierte que, al ser el primer año, el precio podría ser orientativo y ajustarse posteriormente.

Madrid se prepara para enviar los primeros recibos

Mientras que algunos municipios ya están aplicando tasas similares, la novedad es que ahora es obligatoria para aquellos con más de 5.000 habitantes. Los plazos para comenzar a cobrar el nuevo tributo varían según el ayuntamiento. En Madrid, por ejemplo, se ha anunciado que los primeros recibos se enviarán a partir de julio. Es crucial que los ciudadanos se informen sobre las regulaciones específicas de su municipio para comprender cómo se calculará la tasa y cuándo comenzarán a recibir los cobros.

Según «El País» (2025), la controversia en torno a esta tasa se centra en la falta de homogeneidad en su aplicación y en cómo afectará a los diferentes hogares, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica.

En resumen, la nueva tasa de basuras está generando debate y controversia en España. Si bien la medida busca cumplir con los objetivos de gestión de residuos de la UE y fomentar el principio de «quien contamina, paga», la falta de criterios unificados para su aplicación está generando disparidades entre los municipios y dudas sobre quién debe asumir el costo en los contratos de alquiler. Es fundamental que los ciudadanos se informen sobre las regulaciones específicas de su ayuntamiento y que los arrendadores incluyan la tasa en los nuevos contratos de alquiler.