El calvario de 91 familias en Écija por la compra de sus viviendas sociales por un fondo buitre
En la barriada Estatuto de Autonomía de Écija, Sevilla, 91 familias están viviendo un verdadero calvario. Desde 2021, sus viviendas sociales, construidas en el año 2000 por la empresa municipal Sedesa, han sido objeto de una disputa con una empresa a la que los vecinos denominan «fondo buitre». Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, adquirió los bloques de pisos en una subasta tras la quiebra de Sedesa. Ahora, los vecinos se encuentran en una situación desesperada, luchando por mantener sus hogares y desvincularse de esta entidad que consideran perjudicial para sus intereses.
Una empresa sumida en deudas
Según informa Eva Saiz (2024) en El País, Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, se encuentra sumida en deudas con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento. Los vecinos, ante los constantes incumplimientos de su arrendador, están pagando directamente sus alquileres a estas entidades. Esta situación ha generado una gran incertidumbre y malestar entre los residentes, quienes se sienten abandonados y desprotegidos.
La lucha por mantener el carácter público de las viviendas
Los habitantes de la barriada se han unido con el objetivo de mantener la protección del carácter público de sus viviendas, en las que residen desde hace un cuarto de siglo. Su principal esperanza radicaba en una demanda interpuesta para anular la subasta pública, buscando que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento ejercieran su derecho de tanteo y retracto. Sin embargo, el juzgado ha fallado en su contra, dejándolos en una situación aún más vulnerable.
Mari Carmen Ruiz, portavoz de los vecinos, expresa su indignación: «Es bochornoso que se dé la razón a una empresa que se creó de la nada para comprar nuestros pisos y que no tiene más que deudas, y que a nosotros, que pagamos religiosamente, se nos siga dejando en el más absoluto abandono» (Saiz, 2024).
La mediación de la Junta y el Ayuntamiento
Ante la difícil situación, los vecinos están solicitando la mediación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija para negociar con la empresa propietaria y poder adquirir sus pisos a un precio razonable. La empresa les está pidiendo 44.000 euros por unas viviendas que adquirió por 13.000, una cifra que consideran inaceptable.
Un revés judicial y la esperanza en la mediación
En 2023, los vecinos, representados por el abogado Francisco Tejado, interpusieron una demanda pidiendo la nulidad de la subasta pública. Alegaban que no se les había advertido a tiempo de la adjudicación para poder ejercer su derecho de tanteo y retracto, y que la Junta de Andalucía tampoco lo había ejercido, como le correspondía según la normativa andaluza de vivienda protegida. No obstante, el juez falló a favor del Gobierno de Moreno, argumentando que la Administración regional no podía pujar por la barriada al no tratarse de una «segunda adjudicación» (Saiz, 2024).
Valle Miranda, otra portavoz de los vecinos, lamenta el desamparo en el que se encuentran tras la sentencia. A mediados de marzo expiró el plazo legal en el que sus alquileres seguían estando protegidos, aunque las condiciones se han blindado hasta 2030 gracias a la cesión del suelo público por parte del Ayuntamiento.
La oferta de venta de la empresa
La empresa propietaria, en una reunión con los vecinos y la alcaldesa Silvia Heredia, ofreció venderles las casas por entre 40.000 y 44.000 euros. Los vecinos rechazan esta oferta, considerando que el precio es abusivo, ya que la empresa adquirió las viviendas por 12.637 euros cada una. Los inquilinos pagan actualmente 78 euros al mes de alquiler. La mayoría de los residentes son personas mayores de 50 años, jubilados o trabajadores del campo con bajos ingresos.
La implicación de las autoridades
Antes de conocer la sentencia, los vecinos enviaron una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, solicitando su implicación. La alcaldesa de Écija está mediando con la empresa para garantizar las condiciones actuales de alquiler, el mantenimiento de las zonas comunes y el saneamiento de las cuentas de la empresa. Heredia aboga por aprovechar la situación de debilidad de la empresa para que ofrezca una cantidad razonable a los inquilinos para adquirir sus viviendas, sugiriendo 18.000 euros como una cifra justa.
El futuro incierto y las preocupaciones de los vecinos
A pesar de los esfuerzos de mediación, los vecinos no están convencidos de la solución de la compra, ya que no todos cuentan con los recursos económicos necesarios. Les preocupa también la situación de los inquilinos que no están al día con los pagos, y cómo esto podría afectar al mantenimiento de las zonas comunes en el futuro.
Ría del Rompido, constituida poco antes de la subasta, dejó de estar inscrita en el Registro Mercantil en 2023 por no presentar sus cuentas. Este diario no ha podido contactar con su administrador único, Hugo Ezequiel Rodríguez.
La esperanza persiste
A pesar de los obstáculos, los vecinos de la barriada Estatuto de Autonomía no pierden la esperanza de encontrar una solución que les permita seguir viviendo dignamente en sus hogares. La mediación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija se presenta como la última vía para evitar que estas 91 familias se vean desamparadas y sin un lugar donde vivir.
Referencias
Saiz, E. (2024, 12 de abril). El calvario de 91 familias de Écija con una empresa ‘buitre’ que compró sus viviendas de alquiler social. El País. Recuperado de https://elpais.com/espana/andalucia/2025-04-12/el-calvario-de-91-familias-de-ecija-con-una-empresa-buitre-que-compro-sus-viviendas-de-alquiler-social.html
