Víctimas abuchean a exconsejera de Mazón por gestión de la DANA en Valencia

Valencia se está convirtiendo en el epicentro de la controversia política y judicial mientras la investigación sobre la devastadora DANA que azotó la región hace cinco meses y medio sigue avanzando. Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior del gobierno de Carlos Mazón, está siendo objeto de escrutinio público y legal. Este viernes, Pradas ha enfrentado la furia de decenas de víctimas al llegar a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde está compareciendo como imputada por su gestión durante la catástrofe.

Un recibimiento hostil en la Ciudad de la Justicia

El ambiente frente a la Ciudad de la Justicia está siendo tenso. Entre gritos de «¡Mazón, dimisión!», «¡Mazón, asesino!» y otros insultos, Pradas está intentando evitar a la prensa y a los manifestantes que la están increpando. Un hombre incluso le ha gritado «¡Salomé, tira de la manta!». La exconsejera ha preferido no hacer declaraciones a los medios, remitiendo a su abogado, Eduardo de Urbano, para ofrecer su versión al salir del juzgado. Según Joaquín Gil (2025), periodista de *El País*, veinte minutos después, Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias y número dos de Pradas, también está llegando entre insultos para declarar.

La reacción de las víctimas y asociaciones

Representantes de diversas asociaciones de afectados por las lluvias torrenciales están presentes, incluyendo la Asociación de Damnificados Horta Sud, quienes han presentado una querella contra la cúpula de la Generalitat. Miembros de la CGT también están protestando, utilizando una marioneta de Mazón con las manos pintadas de rojo, simbolizando la sangre y la culpabilidad. La indignación entre las víctimas sigue creciendo a medida que se conocen más detalles sobre la gestión de la crisis.

La investigación judicial y las imputaciones

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, de Catarroja, está liderando la investigación penal sobre la inundación y este viernes está tomando declaración a Pradas y Argüeso. Ambos están imputados desde el 10 de marzo por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que podrían acarrear penas de prisión de hasta cuatro y tres años, respectivamente. Durante los más de cinco meses de instrucción, Pradas ha mantenido silencio, adoptando una estrategia que apunta a exculparla, de acuerdo con *Ediciones EL PAÍS S.L.* (2025).

La defensa de Pradas y Argüeso

Pradas se está defendiendo argumentando que es una «cabeza de turco», según su recurso de apelación presentado en marzo. Está cuestionando el envío tardío de la alerta masiva a móviles, un sistema que, según la jueza, podría haber salvado vidas si se hubiera activado antes de las 20:11 horas del 29 de octubre. Pradas alega que desconocía el sistema de SMS masivos hasta la tarde de la catástrofe, a pesar de que la Generalitat lo había presentado públicamente meses antes. Por su parte, Argüeso está declarando que no tuvo relación con las inundaciones y está pidiendo que se investigue al responsable del 112, la centralita de emergencias que recibió cientos de llamadas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo, el detonante de la tragedia.

El papel de Mazón y la falta de información

La jueza también está considerando la posibilidad de llamar a declarar a Carlos Mazón, aunque él ha rechazado hacerlo voluntariamente. Su posible imputación debe ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Existe un vacío de información sobre las actividades del presidente Mazón el 29 de octubre entre las 14:30 y las 20:28 horas, cuando llegó al Cecopi, el órgano de Emergencias de la Generalitat. Se sabe que almorzó en un restaurante mientras Valencia se inundaba, lo que ha generado críticas y controversia.

El impacto emocional y social

La DANA está dejando una cicatriz profunda en la Comunidad Valenciana, con 228 fallecidos y una vasta destrucción. La gestión de la crisis está siendo intensamente cuestionada, y las víctimas están demandando justicia y transparencia. La comparecencia de Pradas y Argüeso es solo un capítulo más en esta трагедия, que sigue generando indignación y dolor entre los afectados. La sociedad valenciana está observando atentamente el desarrollo de la investigación, esperando que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.

Los procesos legales están avanzando, pero el impacto emocional y social de la catástrofe persiste. La necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y la coordinación de emergencias es evidente, y las autoridades están bajo presión para implementar medidas que prevengan futuras tragedias. La memoria de las víctimas sigue presente, impulsando la búsqueda de justicia y un futuro más seguro para todos los valencianos.

Referencias: