Damnificados por la DANA se enfrentan a precios abusivos para alquilar en sus pueblos
Patricia Pascual, teleoperadora de 42 años, y Salva Perales, comercial de material de construcción de 44, fueron desalojados la semana pasada junto a sus tres hijos y el resto de vecinos del edificio marrón de seis plantas ubicado al final de la calle Albal, en Catarroja. En total, 50 puertas y 150 personas.
Su historia se repite constantemente en las zonas devastadas por la DANA. A medida que los garajes de los edificios son finalmente vaciados de agua y barro, un arquitecto municipal acude a verificar el estado de los mismos. En el caso del edificio de Pascual y Perales, el técnico detectó daños en algunos pilares y ordenó su desalojo hasta que fuera apuntalado.
El matrimonio y sus hijos pudieron regresar el viernes, algo habitual ya que la mayoría de los desalojos de este tipo duran unos tres días. Sin embargo, mientras unos logran regresar, otro edificio es desalojado, por lo que la población desplazada solo en Catarroja (30.000 habitantes) ronda las 200 personas y se espera que aumente a medida que se inspeccionen más inmuebles. De hecho, 11 viviendas unifamiliares de la calle Tribunal de las Aguas presentan daños estructurales de difícil reparación.
En total, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 44.000 solicitudes por daños en viviendas debido al temporal del 29 de octubre, aunque esta cifra incluye situaciones diversas.
“Primero, en Catarroja apenas hay casas para alquilar. Y después, con los gastos que tenemos por delante… pagar un alquiler sería imposible. Tendríamos que pedir un préstamo”, explica Perales.
Los damnificados de la DANA que se han visto obligados a abandonar sus hogares y han buscado viviendas de alquiler en sus municipios se han encontrado con precios inasumibles. Según diversas fuentes, estos precios disparados son consecuencia de la escalada inmobiliaria previa, unida al efecto contagio desde Valencia y al oportunismo de algunos propietarios que aprovechan la situación de necesidad. Además, el colapso administrativo de los Ayuntamientos amenaza con paralizar las licencias de nuevas viviendas.
Javier, asesor de empresas que pide no ser identificado, es uno de los afectados que no puede hacer frente a los alquileres actuales en su pueblo. “A la semana más o menos de la DANA miramos y solo encontramos ocho pisos en alquiler. Costaban entre 900 y 1.200 euros. Al final, nos fuimos a otro pueblo”, relata.
En la misma población, Amparo Rodríguez, de 27 años, cuenta que tras una discusión con su novio buscó posibles alquileres en el portal Idealista y encontró dos opciones: una de 950 euros y otra de 1.200 euros al mes. “Me parece que se han puesto abusivos, y más conforme están económicamente las cosas aquí, donde por ejemplo casi todos los comercios están cerrados”, afirma Rodríguez, empleada en el sector sanitario.
Carlos Martínez, de 57 años y 16 de ellos trabajando en una inmobiliaria de Paiporta, considera que los precios que ha visto Rodríguez son más altos que los anteriores a la DANA. “Antes un tercer piso sin ascensor podía costar 600 euros. Y un piso seminuevo de 2010 de tres habitaciones, unos 900”, asegura.
Martínez cree que la lógica del mercado no debería operar en una situación como esta, sino que debería primar la solidaridad y la bajada de precios.
Por el momento, los principales portales web de alquiler de viviendas no ofrecen información sobre posibles fluctuaciones en los alquileres en la zona afectada por el temporal. El último informe de Idealista sobre Valencia es de octubre de 2024 y, por tanto, no incluye el impacto de la DANA. Entre los municipios afectados por la riada, solo se aportan datos de Catarroja, que reflejan un aumento del 33% en los precios de alquiler en los últimos cinco años, pasando de 600 a 800 euros.
El vicepresidente del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez, advierte que las ayudas al alquiler para los damnificados por la DANA pueden fomentar subidas de precios. “Tememos que haya quien suba los precios, puede ocurrir, porque ha ocurrido en otras ocasiones”, señala. En este caso, se han anunciado subvenciones de hasta 800 euros.
Díez añade que, al mismo tiempo, también hay propietarios “que están dando facilidades a los damnificados por la DANA”.
Entre los damnificados que no cuentan con facilidades se encuentran Matilde Ortí, vecina de Catarroja de 57 años, a quien su arrendadora exigió abandonar el piso donde vivía desde hacía tres años con un contrato verbal, y Teddy Shiferaw, conserje del colegio público Lluís Vives de Massanassa que perdió su casa y su empleo cuando el desbordamiento del barranco del Poyo destruyó el centro educativo.
