Caen dos organizaciones criminales que regularizaban migrantes chinos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han desmantelado dos organizaciones criminales y han detenido a 69 personas, 35 de ellas integrantes de estas bandas criminales desmanteladas, las cuales disponían de una infraestructura que les permitió regularizar más de 1.000 ciudadanos mediante contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, logrando obtener beneficios por unos cinco millones de euros.

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Descripción de las organizaciones criminales

Según un comunicado de la Policía Nacional, las organizaciones criminales operaban en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara y contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para falsificar la documentación y así conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, obteniendo a cambio el pago de entre 500 y 1.000 euros por cada extranjero.

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Fases de la investigación

La investigación, que contó con la colaboración de EUROPOL, se llevó a cabo en dos fases. La primera fase culminó con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) acusadas de pertenecer a una organización criminal, favorecer la inmigración ilegal y cometer falsedad documental.

La segunda fase culminó con la detención de 34 personas en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

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Modus operandi de las organizaciones criminales

La Policía Nacional realizó cinco diligencias de entrada y registro, dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, donde intervinieron siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Una amplia red de colaboradores proporcionaba a ambas organizaciones la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales falsos y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.

Los implicados también instruían a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo. Además, las organizaciones contaban con la colaboración de despachos de abogados, quienes recibían una contraprestación económica por parte de los líderes de la organización, cuya cantidad oscilaba entre los 500 y 1.000 euros por cada persona.

Los acusados proporcionaban documentación falsa a ciudadanos chinos que simulaban viajar a España para iniciar un negocio ficticio con el fin de obtener visados tipo D. También gestionaban matrimonios de conveniencia para facilitar la obtención de la residencia o la nacionalidad.

Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del método utilizado para obtener su regularización.