Las 70 familias afectadas por el reciente desalojo de tres casetas del recinto ferial de Sevilla, que habían disfrutado desde 2022, han recibido una noticia alentadora: podrán disfrutar de la Feria de Abril de este año. Así lo han decidido los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desestimando la ejecución provisional solicitada por la parte ganadora de los pleitos. Esta medida se ha tomado considerando que "la inminencia de la celebración" del evento, que comienza el 14 de abril, provocaría "perjuicios irreparables" a los actuales socios.

Consecuencias jurídicas y económicas

El Ayuntamiento de Sevilla fue quien, en 2022, desposeyó a la familia recurrente de la caseta de tres módulos por no haber presentado la renovación de la licencia dentro del plazo previsto en la Ordenanza Municipal que regula la Feria de Abril (OMFA). Posteriormente, la caseta fue distribuida entre tres socios que se encontraban en la lista de espera para obtener una. Para evitar la ejecución del fallo, el Ayuntamiento alegó cuestiones procesales y de fondo, argumentando que la caseta 173 de la calle Juan Belmonte fue adjudicada a la entidad que le correspondía según la lista de espera, que había renovado su solicitud y abonado las tasas para la feria de este año.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado los argumentos procesales del consistorio y de los titulares de la caseta 173, admitiendo que la ejecución provisional les "produciría perjuicios colaterales irreparables en la fecha en la que estamos" y remarcando que esta medida no puede acordarse "cuando sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación".

Antecedentes del caso

La primera sentencia, dictada el pasado 22 de febrero, daba la razón a la familia que había perdido su caseta en 2022 por no presentar dentro del plazo previsto la renovación de la licencia. El TSJA consideró que el Ayuntamiento "indujo a error" a esta familia al suspender los plazos estipulados para realizar los trámites durante los años de pandemia en los que no hubo feria y comprometerse a informar de los nuevos plazos por vía telemática.

Semanas después, otra sección del TSJA, con el mismo ponente, Victoriano Valpuesta, se adhirió a los mismos argumentos para fallar en contra de los actuales propietarios de las casetas 175 y 177, un fallo que podría generar precedentes y favorecer la recuperación de las casetas por parte de las familias que las perdieron durante la pandemia por presentar los pagos de las tasas o la renovación de las licencias fuera de plazo.

Declaraciones de los implicados

Rafael Labat, abogado y socio de la caseta 173, se ha mostrado "tranquilo" de momento, pero menos seguro de lo que pueda pasar el año que viene. La sentencia que les arrebata la caseta es susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, un paso que los propietarios de todos los módulos afectados esperan que dé el Ayuntamiento para facilitarles el litigio ante el alto tribunal.

Mientras esperan la resolución del recurso, Labat se plantea distintos escenarios para la feria de 2025, incluyendo la posibilidad de que el consistorio les otorgue una de las 300 casetas con las que el alcalde se ha comprometido a ampliar el recinto ferial para reducir las listas de espera, que cuentan con una media de 30 años.