Magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León denuncia persecución

La Magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza Ramos, denunció públicamente una persecución hacia su persona y del magistrado en funciones, Fernando Galindo Escobedo, por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Llegada de ministeriales al Tribunal Electoral

De acuerdo con diversas publicaciones en sus redes sociales, la magistrada electoral relató que después de las 16:00 horas del viernes 13 de enero llegaron al menos 15 ministeriales a las instalaciones del Tribunal Electoral. Sin embargo, de acuerdo con fuentes, la visita de los ministeriales fue para hacer entrevistas al personal del tribunal al llevar un escrito por parte del Congreso a nombre de la presidenta, Lorena de la Garza.

Denuncia de acoso en domicilio personal

En otra publicación, la magistrada acusó que cuatro ministeriales acudieron a un domicilio que perteneció a ella en donde preguntaron por su persona. Dado ese hecho, advirtió que su seguridad, la de su familia y la de su compañero magistrado están en riesgo.

Medidas de protección solicitadas

La magistrada hizo un llamado a las autoridades competentes para que los dejen realizar su trabajo sin intimidaciones políticas y solicitó medidas de protección para ella, su compañero magistrado y sus familias.

Contexto del conflicto

Esta situación se produce después de que los magistrados electorales tumbaron la integración de la mesa directiva del Congreso local, que preside la priista Lorena de la Garza. El tribunal determinó que la bancada de Movimiento Ciudadano sí demostró que se vulneraron sus derechos político electorales, ya que a ellos les pertenecía la presidencia de dicha mesa por ser la primera minoría.

Posteriormente, el tribunal realizó la notificación respectiva en las instalaciones del Congreso local para ordenar la reintegración de la mesa y que fuera presidida por un diputado o diputada de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, previamente, la presidenta Lorena de la Garza acudió ante el Tribunal Superior de Justicia para interponer una controversia de inconstitucionalidad en donde le otorgaron una suspensión para que el tribunal electoral no emitiera sentencia hasta que se resolviera de fondo la controversia. Incluso, interpusieron una denuncia contra los dos magistrados electorales por presuntamente no haber acatado el ordenamiento de la suspensión.

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