Más de 1,100 menores tutelados denuncian abusos sexuales en España desde 2019
La situación de los menores bajo la tutela de las administraciones autonómicas en España se está volviendo cada vez más preocupante. Según una investigación reciente de El País (Mateo et al., 2025), al menos 1,113 menores tutelados han denunciado casos de abuso sexual desde 2019. Esta cifra, aunque alarmante, podría ser solo la punta del iceberg, ya que algunas regiones no disponen de datos precisos o se niegan a compartirlos. La investigación subraya la extrema vulnerabilidad de estos niños, quienes a menudo carecen de redes de apoyo y son presa fácil para agresores y mafias. El reportaje original de Juan José Mateo, Patricia Peiró y Javier Martín-Arroyo (2025) para El País expone un problema sistemático que requiere atención urgente.
El contexto de la vulnerabilidad
Estos menores, muchos de los cuales han sufrido traumas previos, desarraigo familiar o carecen de un entorno estable, se encuentran en una posición de extrema fragilidad. Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, advierte que «está claro que hay fallos graves en el sistema de protección». Según Reyero, la falta de recursos humanos y materiales en los centros de protección, sumada a la saturación del personal, dificulta la detección y prevención de abusos. (Reyero, citado en Mateo et al., 2025).
Además, la escasa atención a las denuncias de los menores y la deficiente coordinación entre servicios sociales, educativos, sanitarios, policía y juzgados agravan la situación. La libertad de movimientos que se les otorga, aunque necesaria para su desarrollo, puede convertirse en una puerta de entrada para el peligro.
Casos que evidencian la magnitud del problema
La investigación de El País (Mateo et al., 2025) revela casos desgarradores que ilustran la magnitud del problema:
- Cecilia, una niña de 12 años en Madrid, era explotada sexualmente a cambio de drogas y pequeñas cantidades de dinero.
- Sagrario y María Dolores, en Castilla-La Mancha, se fugaron de su piso de protección, terminando con una consumiendo drogas y la otra siendo violada.
- Ruth, en Cataluña, recibía amenazas de muerte y violación por parte de un adulto.
- Las niñas de la Operación Sana, víctimas de una red de explotación sexual que las enganchaba a las drogas.
Estos son solo algunos ejemplos de una realidad mucho más extendida y compleja.
Críticas al sistema y propuestas de mejora
Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid especializada en políticas sociales, critica la política de «puertas abiertas» en los centros y pisos de protección, señalando que «estos niños y niñas son especialmente vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia, pero muy especialmente las niñas a sufrir violencia sexual». (Morales, citado en Mateo et al., 2025).
Joaquín Olmedo, abogado miembro de la Subcomisión de Infancia y Adolescencia del Consejo General de la Abogacía, también critica la permisividad de los centros de acogida, donde se mezclan niños españoles y extranjeros, y denuncia la presencia de menores en la calle en horario nocturno. (Olmedo, citado en Mateo et al., 2025).
Propuestas de solución
Para atajar el problema, se proponen diversas medidas, entre ellas:
- Contar con plantillas «suficientes y motivadas» en los centros.
- Establecer protocolos claros de actuación.
- Mejorar la formación del personal en prevención del abuso y atención al trauma.
- Reforzar los controles externos con auditorías e inspecciones.
- Crear canales para que los menores puedan denunciar sin miedo.
- Apostar por modelos de protección más familiares e inclusivos.
La respuesta de las administraciones
Las administraciones autonómicas reconocen el problema y están implementando medidas para abordarlo. Francisco Mora, director general de Infancia, Adolescencia y Juventud en Andalucía, afirma que «para que bajen [los datos] formamos más a los profesionales, damos educación afectivo-sexual a los chavales y les instruimos sobre el buen uso de la tecnología, intentamos que los centros tengan cada vez menos niños para actuar de forma más eficaz y que podamos reparar el daño antes». (Mora, citado en Mateo et al., 2025).
Isabel Carrasco, directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña, destaca que «antes las pruebas y manifestaciones de los niños no se recogían bien y muchas causas se archivaban porque el relato estaba contaminado, pero ahora cuidamos mucho más los testimonios de los menores como pruebas preconstituidas, los informes son más amplios y hay menos revictimización». (Carrasco, citado en Mateo et al., 2025).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el número de condenas por abuso sexual sigue siendo bajo. En Cataluña, por ejemplo, solo una de cada nueve denuncias acaba en condena.
Conclusión
La situación de los menores tutelados en España es un problema grave que requiere una respuesta urgente y coordinada. Es fundamental mejorar la protección de estos niños, garantizar que sus denuncias sean escuchadas y atendidas, y proporcionarles el apoyo necesario para superar los traumas sufridos. La sociedad en su conjunto debe tomar conciencia de esta realidad y exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para proteger a los más vulnerables.
