El estado de excepción en Ecuador, en respuesta a la crisis de seguridad y motines en cárceles, ha desencadenado un aumento en la delincuencia en las calles. Este escenario ha sido agravado por la ejecución de agentes del orden por parte de miembros de cárteles, sumiendo al país en una situación de angustia y violencia.
La situación ha llevado a un estado de caos generalizado, con pandillas y organizaciones criminales tomando el control en ciudades como Quito y Guayaquil. La anarquía se extiende incluso a las prisiones, con reclusos exigiendo acciones específicas a cambio de liberar a los rehenes, entre ellos, la suspensión de operativos en busca de fugitivos.
Estos sucesos atroces son un llamado urgente para resolver la crisis en Ecuador. La inseguridad, los actos de violencia y las ejecuciones requieren una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno, garantizando la seguridad de los ciudadanos y el restablecimiento del orden.