Moreno prorroga seis meses los contratos a dedo con hospitales privados pese a estar bajo investigación judicial

El Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno, sigue insistiendo en la contratación a dedo con la sanidad privada, a pesar de que este sistema de adjudicaciones sin concurrencia competitiva y publicidad, utilizado para los contratos de emergencia entre 2020 y 2024, está siendo investigado en los tribunales.

El Ejecutivo autonómico acaba de prorrogar por seis meses los contratos de asistencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las provincias de Almería y Sevilla y, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, en las próximas semanas se hará lo mismo con el resto de territorios de la comunidad.

Antecedentes

Esta última modalidad de adjudicaciones a dedo fue anunciada por la anterior consejera de Salud, Catalina García, en febrero del año pasado, como parte de un plan de choque para paliar las listas de espera.

Esta iniciativa, denominada Plan de Garantía Sanitaria, contemplaba una inversión de 283 millones de euros, de los cuales el 42% se destinaría a conciertos sin libre concurrencia con la sanidad privada para reducir las listas de espera. En ese momento, esta decisión se justificó como una solución provisional a los obstáculos para sacar adelante el nuevo sistema de contratación del SAS, que incluía dos acuerdos marco de 734 millones de euros con la sanidad privada, uno de los cuales fue recurrido ante los tribunales.

García informó entonces de que estas nuevas adjudicaciones se desarrollarían hasta diciembre de 2024 y que, aunque eran prorrogables por un periodo de seis meses, "esperaba no tener que hacerlo". Finalmente, la nueva consejera, Rocío Hernández, ha hecho efectivas estas prórrogas otros seis meses.

Detalles de las prórrogas

Las primeras prórrogas aprobadas en Consejo de Gobierno han sido las relativas a los contratos de asistencia quirúrgica de la provincia de Almería, por importe de 17 millones de euros, el pasado 14 de enero, y la de Sevilla, por 31,5 millones de euros, en el consejo de esta misma semana, tal y como ha adelantado ElDiario.es.

Las fuentes de la Consejería de Salud consultadas insisten en que no se trata de contratos de emergencia, que son los que están siendo investigados por un juzgado de Sevilla, sino de prórrogas reconocidas en los pliegos, que fueron adelantadas por la propia consejera a finales de diciembre y que servirán para cubrir la asistencia sanitaria hasta que los acuerdos marco estén ultimados.

Sin embargo, estas prórrogas implican un aumento del presupuesto inicial destinado a estas adjudicaciones, de 119,9 millones de euros, según figura en el plan de choque presentado el año pasado, a más de 220 millones. Este tipo de adjudicaciones negociadas sin publicidad se limitan a la concurrencia de tres aspirantes, pero la anterior consejera aseguró que se abrirían a todos los concurrentes privados que quisieran presentarse.

No obstante, la mayoría han ido a parar a las grandes cadenas hospitalarias privadas de la comunidad: Quirón, Asisa (a través de su red de hospitales HLA), Viamed, Cruz Roja, Vithas y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. En el caso de los contratos prorrogados en Sevilla, los beneficiarios son esas seis entidades que concurrieron a través de cuatro UTE y, en el de Almería, ejecutará esa ampliación de seis meses la UTE integrada por Asisa y Vithas.

Marco legal y polémicas

La Junta comenzó la dinámica de realizar la adjudicación sin concurrencia competitiva en 2020, aprovechando el marco normativo habilitado por la pandemia, que permitía la contratación por la vía de emergencia. Sin embargo, el Gobierno de Moreno continuó prorrogando estos contratos cuando ese amparo legal había decaído, contraviniendo incluso una instrucción de 2021 de su propia Consejería de Hacienda que advertía a la de Salud que ese tipo de contratación de emergencia debía tener carácter residual.

Pese a ello, estas adjudicaciones a dedo se prorrogaron hasta 2024, pasando de los 70 a los 243 millones de euros. Son estas adjudicaciones exprés, sobre las que la inspección de la Junta de Andalucía ha emitido informes desfavorables, alegando que el SAS hizo un "uso indebido" de esta contratación, las que ahora se están investigando como un presunto delito de prevaricación administrativa en el que están imputados los tres gerentes del SAS que ha tenido Moreno desde que llegó al Gobierno de la comunidad en 2019.

Precisamente, la publicación de estas prórrogas al margen del procedimiento legal que las amparaba, llevó a la Junta a anunciar, en marzo de 2023, que terminaba con ese procedimiento de adjudicaciones a dedo para volver al sistema público de concurrencia competitiva y publicidad que iba a modificar. En ese contexto, en octubre de ese año, la Consejería de Salud anunció un nuevo marco de contratación pública que incluía dos contratos por 734 millones para que la sanidad privada realizara operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, a partir de 2024.

Sin embargo, ese marco quedó truncado apenas un mes después, cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Administración autónoma acordó la anulación del procedimiento de adjudicación de uno de los dos contratos, obligando a redactar un nuevo pliego. Desde entonces, todo ese procedimiento ha quedado congelado y la Junta ha vuelto a recurrir a la contratación a dedo para aliviar las listas de espera. Esta forma de adjudicación se prolongará, al menos, otros seis meses más.