Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado mexicano avanzan en la aprobación de una reforma constitucional que ampliaría el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Delitos contemplados
La reforma pretende incluir en el artículo 19 de la Constitución la extorsión, así como los delitos relacionados con la producción, distribución y tráfico de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.
Argumentos a favor
Los defensores de la reforma, como el senador Saúl Monreal, argumentan que es necesario brindar mayor seguridad a la población frente a estos delitos graves. Rechazan las acusaciones de que la prisión preventiva sea una medida arbitraria, enfatizando que el Ministerio Público debe acreditar con pruebas la probabilidad de que el imputado haya cometido el delito.
Argumentos en contra
Los detractores, encabezados por el senador Ricardo Anaya, denuncian que la reforma es un "atropello a los derechos humanos" y viola la presunción de inocencia. También señalan que no se combate eficazmente a la delincuencia con medidas punitivas, sino con políticas públicas integrales.
Implicaciones
La aprobación de la reforma ampliaría a 22 el número de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa, lo que ha sido criticado por especialistas que advierten sobre el riesgo de incrementar la impunidad y la sobrepoblación en las cárceles.
Posiciones de los partidos
Declaraciones de organismos internacionales
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado preocupación por la reforma, advirtiendo que viola la presunción de inocencia y puede conducir a detenciones arbitrarias.