Argentina endurece su política penal y electoral
Suspensión de las PASO: un cambio en el calendario electoral
Endurecimiento del Código Penal: reiterancia, reincidencia y juicio en ausencia
El gobierno también está avanzando en la modificación del Código Penal, incorporando las figuras de reiterancia y reincidencia. La reiterancia, según el decreto 172, se define como «la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada». Por otro lado, la reincidencia se refiere a aquellos que, habiendo cumplido una pena privativa de libertad, cometen un nuevo delito punible con la misma clase de pena. El artículo 50 del Código Penal agrava en un tercio la condena para los reincidentes.
La Oficina del Presidente está celebrando estas modificaciones, afirmando que se terminan «los tiempos de la puerta giratoria en la República Argentina, evitando que los jueces garantistas dejen libres a los delincuentes que acumulan procesos penales». El gobierno está insistiendo en que los delincuentes esperarán el juicio tras las rejas y que «el que las hace las paga».
El ministro de Justicia, Cuneo Libarona, está explicando que el objetivo es que «el que cometa un delito y tenga un proceso penal previo, quedará preso durante el juicio. Y los procesos penales son un agravante para la sentencia».
Juicio en ausencia: persiguiendo la impunidad
A través del decreto 173, el Ejecutivo está promulgando la reforma al Código Procesal Penal para incluir el juicio en ausencia. Esta medida permitirá juzgar a imputados que no se encuentren presentes en el proceso, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El gobierno está buscando, de esta manera, juzgar a los responsables prófugos del atentado a la AMIA, un caso que marcó la historia argentina con 85 víctimas fatales.
Reacciones y perspectivas
Estas medidas están generando una amplia gama de reacciones en la sociedad argentina. Mientras algunos sectores están apoyando estas decisiones como un avance en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, otros están criticando la suspensión de las PASO y el endurecimiento de las penas, argumentando que podrían afectar los derechos y garantías individuales.
El debate está abierto y se espera que estas leyes tengan un impacto significativo en el futuro político y judicial del país. La implementación de estas medidas y sus consecuencias serán objeto de análisis y seguimiento por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y los diferentes actores políticos.
