Las autoridades no toman con seriedad la reforma judicial, según el consejero del INE, Arturo Castillo
Arturo Castillo, consejero del INE, exige que las autoridades asuman su responsabilidad en la elección judicial. Castillo afirma que las autoridades no están tomando el proceso con la seriedad necesaria, y que el costo de sus decisiones lo asumirá la ciudadanía con filas más largas el día de las elecciones.
Castillo participó en la conferencia de prensa encabezada por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pero al término de ésta, dio un nuevo posicionamiento considerando que el INE debe ser más tajante ante la falta de corresponsabilidad de las autoridades en materia presupuestal, legal y de organización.
«Lo planteo a título personal porque no había una decisión del colegiado para posicionar este tema (en la conferencia con Taddei), pero insistí tres veces en un llamado a la corresponsabilidad de todos los Poderes de la Unión y de todas las autoridades involucradas en hacer posible que la reforma al Poder Judicial salga bien», dijo Castillo.
«Es una reforma constitucional de un calado gigantesco y de dimensiones históricas, y necesitamos que todas las autoridades que tienen un papel en la implementación de esta reforma, ya sea de ejecutar, de quitar obstáculos, de aprobar presupuesto y de hacer que las cosas funcionen y salgan bien, esto le corresponde al país entero».
Falta de apoyo y recursos
Castillo recordó que el Poder Legislativo no respondió a las necesidades económicas y de tiempo, y que el Poder Judicial no apoyó al INE en las cientos de suspensiones judiciales que siguen arrastrando y acumulando. Insistió en que el INE busca cumplir con su deber constitucional, pero requiere el compromiso de todas las autoridades involucradas.
«Lo que ha pasado en este ejercicio de responsabilidad es que nosotros solicitamos una prórroga porque teníamos 59 días detenidos por cientos de amparos y se nos fue negada; solicitamos una excitativa de justicia ante la Suprema Corte, y se nos fue negada; solicitamos un presupuesto en un ejercicio de responsabilidad para organizar una elección como las que conocemos desde hace 30 años, y también se nos fue negado», señaló Castillo.
Consecuencias para la ciudadanía
Castillo advirtió que el costo de ignorar las peticiones del INE tendrá que asumirlo la ciudadanía en la jornada electoral. Expresó que así se lo hicieron saber a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
«Eso es importante, se lo comentamos algunas autoridades con las que platicamos sobre este tema, como la secretaria de Gobernación, por ejemplo, no sé si Rita Bell y Norma de la Cruz se lo comentaron a los diputados, pero reducir el presupuesto de un ejercicio electoral de este tamaño tiene sus costos y uno de los actores en este proceso que asume ese costo es la ciudadanía», dijo Castillo.
«Porque si vamos a instalar centros de votación como se está empezando a perfilar, un ciudadano no va a tener su casilla como está acostumbrada a tenerla a unas cuantas cuadras, también tenemos un reto logístico importante, menos casillas implica filas más largas, con boletas mucho más complejas y que la ciudadanía desconoce».
Comparación de costos
Castillo aprovechó para aclarar la comparación real entre el costo de la elección federal de 2024 y lo solicitado para la elección judicial de 2025. Explicó que no se trata de 20.000 cargos en todo el país, sino que el INE solo se hizo cargo de 629 cargos federales en 2024 y 881 en 2025.
Además, Castillo señaló que la elección judicial implicará elegir 16 cargos nacionales, mientras que en la elección federal de 2024 solo se eligió 1 cargo presidencial. También destacó que el número de boletas y candidaturas a renovar es significativamente mayor en la elección judicial.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se renovará todo el pleno con nueve integrantes, lo que implica hasta 81 candidaturas, en comparación con la Presidencia de la República que tuvo solo tres.
Castillo concluyó insistiendo en la necesidad de que todas las autoridades asuman su responsabilidad en la implementación de la reforma judicial. Advirtió que de lo contrario, el costo lo asumirá la ciudadanía con filas más largas y procesos electorales menos eficientes.
