La pareja de Ayuso se querella contra Sánchez y Bolaños por llamarle "delincuente confeso"

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado el proceso para querellarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Félix Bolaños por haberlo llamado "delincuente confeso".

Los abogados de Amador han anunciado una reclamación de 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro, en sendas solicitudes de conciliación, el paso previo para la presentación de una querella por injurias y calumnias.

Esta acción se enmarca en una ofensiva judicial del empresario contra los políticos que le critican, entre ellos las ministras Diana Morant, María Jesús Montero o Isabel Rodríguez y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.

Sánchez se pronunció sobre Amador el jueves durante una comparecencia en Bruselas, en las que respaldó al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, tras conocerse que había sido imputado por el Supremo.

El presidente defendió que el fiscal general había "hecho su trabajo, perseguir al delincuente" y se refirió a Amador como "un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia".

Sánchez se basaba en que Amador ha reconocido ante la fiscalía que había cometido dos delitos de fraude fiscal, en un correo del 2 de febrero.

Con ese correo, enviado por su letrado, Carlos Neira, el empresario buscaba un pacto que le permitiera conseguir una rebaja de su pena, y así evitar acabar entre rejas.

Un día antes, el miércoles, Bolaños había defendido al fiscal general durante una intervención en el Congreso de los diputados, en la que indicó: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".

Amador está imputado por un juzgado de Madrid junto a cuatro presuntos colaboradores por posible fraude de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.

Según una investigación previa de Hacienda, Amador dio un pelotazo al intermediar en la compraventa de mascarillas en los primeros meses de la pandemia.

Para rebajar su cuota fiscal presentó una serie de facturas falsas, según las pesquisas.

Después de manifestarle en febrero a la Fiscalía su voluntad de un pacto, Amador tuvo que esperar a que el caso fuera judicializado para negociar los términos.

Antes de una declaración ante la jueza el 24 de junio, los abogados del investigado negociaron ese acuerdo. Como ha adelantado EL PAÍS, el último borrador de proyecto de conformidad "supeditado al reconocimiento de los hechos" por parte de González Amador establece que la Fiscalía pedirá para el comisionista "la pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros (40% de los 155.000 euros defraudados en 2021) y 78.380 euros (40% de los 195.951 euros defraudados en 2022)".

En el mismo proyecto de conformidad, apoyado por la defensa del novio de Ayuso, se asegura que la Fiscalía no se opondrá a que se conceda "la suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidades civiles".