Laura Borràs pide amnistía amparándose en su independentismo

La expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha solicitado la aplicación de la medida de gracia de la amnistía, alegando que su perfil es "intensamente independentista" y que los hechos por los que fue condenada los llevó a cabo durante un "gobierno netamente procesista".

Hechos por los que fue condenada

Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Estos delitos están vinculados a la corrupción y no guardan relación con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Argumentos de la defensa

En su escrito dirigido al Tribunal Supremo, el abogado de Borràs trata de vincular el caso de su defendida al proceso independentista. Argumenta que la misión del ILC es fomentar el catalán y que "la lengua es uno de los pilares en los que se sustenta" el independentismo.

Además, el escrito recuerda que Borràs ejerció como directora del ILC "en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista" y que el proceso penal se "intensificó" a medida que ella asumía "más visibilidad y trascendencia política".

Ley de amnistía

La ley de amnistía prevé el perdón penal de los actos que tengan como objetivo "divulgar el proyecto independentista". La defensa de Borràs considera que la actividad de su defendida como directora del ILC puede encajar en esta definición.

Reacciones

La petición de amnistía de Borràs ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores la apoyan, argumentando que es una presa política, mientras que otros la critican, señalando que fue condenada por corrupción y que su caso no tiene nada que ver con el proceso independentista.

Conclusión

La petición de amnistía de Laura Borràs ha puesto el foco en la cuestión de la amnistía para los presos independentistas. Se trata de un tema complejo y controvertido, que genera opiniones encontradas. La decisión final sobre la concesión o no de la amnistía corresponde al Tribunal Supremo.