Cargos del PP acumulan más de 100 años de cárcel por corrupción en los gobiernos de Aguirre
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, continúa prófuga tras más de 10 condenas a miembros de su gabinete
El vicepresidente segundo del primer Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada, ha sido condenado a siete años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación agravada en relación con la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Un proyecto fallido que ha costado más de 200 millones de euros
Alfredo Prada fue el responsable de contratar a dedo al arquitecto Norman Foster para el diseño de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que pretendía concentrar todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid en un solo lugar. Sin embargo, el proyecto se quedó a medias y solo se construyó un edificio, con un coste superior a los 200 millones de euros.
Una cúpula corrupta
La condena a Alfredo Prada se suma a las de otros miembros de la cúpula del Gobierno de Aguirre, que acumulan más de 100 años de cárcel por corrupción. Entre ellos se encuentra el vicepresidente primero, Ignacio González, condenado a 9 meses de prisión preventiva y que se enfrenta a penas de cárcel en tres causas distintas por corrupción.
La trama Gürtel y la financiación ilegal
La trama Gürtel, una red de corrupción que colonizó al PP durante una década, tuvo una importante presencia en la Comunidad de Madrid. Varios dirigentes del PP, como el viceconsejero Alberto López Viejo o el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, fueron condenados a penas de hasta 40 años de cárcel por su implicación en la trama.
Además, el PP de Madrid se enfrenta a un juicio por financiación ilegal, en el que se acusa al gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y a la directora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, de colaborar en la financiación ilegal de las campañas de la expresidenta.
Aguirre, ¿responsable pero impune?
A pesar de las numerosas condenas a sus colaboradores, Esperanza Aguirre no ha sido imputada en ninguna causa. El juez que investigó la financiación ilegal del PP de Madrid admitió que Aguirre era la gran beneficiaria de los delitos cometidos, pero no encontró pruebas de que tuviera conocimiento de los mismos.
Isabel Gallego, en su recurso contra la sentencia, afirmó que Aguirre "conocía perfectamente las noticias que se publicaban y que era de su interés como presidenta que su imagen institucional se mejorase". Sin embargo, las acusaciones no lograron que Aguirre fuera a juicio, ni siquiera como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus colaboradores.
