La pugna política de Madrid se traslada al Constitucional por el recuerdo de las torturas franquistas

La presidenta Ayuso recurrirá al alto tribunal contra la declaración de la sede del Gobierno regional como lugar de memoria democrática

La batalla política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se traslada ahora al Tribunal Constitucional. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Ejecutivo recurrirá al alto tribunal contra la decisión del Consejo de Ministros de declarar la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas, encarcelamientos y persecuciones políticas que allí protagonizaron los integrantes de la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista entre 1939 y 1979.

El enfrentamiento entre ambas administraciones se produce después de que el Gobierno central haya rechazado las alegaciones presentadas por Madrid contra la colocación de una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. El Ejecutivo madrileño considera que la medida vulnera sus competencias y que la colocación de la placa afectaría al uso administrativo del edificio.

Sin embargo, el Gobierno central defiende que la declaración de lugar de memoria democrática no supone ninguna injerencia en las competencias autonómicas y recuerda que la ley recoge expresamente la posibilidad de declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Real Casa de Correos.

La decisión de acudir al Constitucional no solo profundiza el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco, sino que también abre un nuevo frente en el pulso que enfrenta a la presidenta Ayuso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un pulso que se traslada a los tribunales

El choque entre Ayuso y Sánchez llega así a su punto álgido, con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad de Madrid. Se trata de un nuevo episodio en un enfrentamiento que se ha recrudecido en los últimos meses, con la apertura de una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuestamente filtrar un email del caso que afecta a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal.

La presidenta madrileña acusa al Gobierno central de orquestar una "operación de Estado" contra ella y ha pedido la dimisión de Sánchez, al que considera "un peligro para España".

La memoria histórica, en el centro de la disputa

El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid se suma a la decena de recursos que el tribunal tiene pendiente de resolver sobre decisiones adoptadas y leyes aprobadas tanto en tiempos del gobierno de coalición que formaron PP y Cs (2019-2021) como desde que los conservadores gobiernan en solitario (desde 2021 en adelante).

Previsiblemente, los argumentos de Madrid ante el Constitucional recogerán gran parte de los que formaban parte del requerimiento de incompetencia planteado por la Comunidad de Madrid contra el proceso de declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, y que ha rechazado este martes el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que la etapa de las torturas de la DGS solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

Así, el Ejecutivo de Díaz Ayuso expuso en sus alegaciones que “el acuerdo (de declaración como lugar de memoria democrática) vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”.

Además, el Gobierno regional denunció que “el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, pues no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el BOE.

Y argumentó que no procede destacar que el complejo fue sede de la DGS entre 1939 y 1979 porque también ha sido oficina central de Correos, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, sin que nada lo recuerde.

Frente a ello, el Gobierno de Sánchez opina que no hay razón para que se produzca colisión alguna entre las actuaciones previstas en la ley de memoria histórica para la declaración de un inmueble como lugar de memoria democrática y el normal ejercicio por la administración titular del inmueble de las facultades de titularidad autonómica sobre el mismo.

Por ejemplo, recuerda una fuente gubernamental, miles de personas visitan todos los años la Real Casa de Correos para ver su Belén o escuchar villancicos, sin que eso perturbe el día a día de la administración regional. ¿Por qué habrían de hacerlo una placa y la explicación que le acompañe?

Además, el Ejecutivo central plantea que la mera incoación de un procedimiento administrativo no conlleva afección competencial alguna, ni puede ser una injerencia en el autogobierno de Madrid, ni en su capacidad en materia de protección y seguridad de los edificios e instalaciones.

También subraya que la ley recoge expresamente la posibilidad de declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Real Casa de Correos, por lo que tampoco hay injerencia en las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico, artístico o monumental.

Y recalca que la existencia de otras placas en el edificio (sobre los atentados del 11-M, los héroes del Dos de Mayo o las víctimas de la covid) muestra que es posible instalar otra recordando el pasado del edificio como sede de la DGS.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Un pulso al que le queda recorrido

El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid es un nuevo capítulo en el pulso que enfrenta a la región con el Gobierno central. Un pulso que previsiblemente seguirá teniendo recorrido en los tribunales, ya que el Constitucional tiene pendiente de resolver una decena de recursos sobre decisiones adoptadas y leyes aprobadas por la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, la pugna política entre ambas administraciones se traslada también a la calle, con manifestaciones y concentraciones convocadas por unos y otros para defender sus posturas.

La batalla por la memoria histórica se ha convertido en uno de los principales frentes de la política española, con la Comunidad de Madrid como uno de los escenarios más activos.