La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que agrupa a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por el diseño de los tres concursos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para adjudicar gratuitamente tres parcelas públicas valoradas en 30 millones de euros en las que se construirán centros privados concertados.
El conflicto judicial
El conflicto jurídico, que reflejó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en el caso del centro de Vicálvaro y que afectaría a otros dos, según los impulsores del litigio, vuelve a poner bajo los focos una de las decisiones más polémicas de la baronesa conservadora: recuperar, una década después, la política de ceder gratis terrenos públicos a empresas privadas para que los exploten un mínimo de 40 años y un máximo de 75, que había dejado de hacerse desde tiempos de Cristina Cifuentes (2015-2018).
Argumentos de CICAE
Esto se debe a que el Gobierno se ha abierto por primera vez a cobrar a los colegios concertados construidos sobre parcelas públicas que quieran engordar su negocio ampliando su oferta educativa a etapas no obligatorias (como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato) impartidas en régimen privado puro. Pero, como adelantó EL PAÍS, esa tasa no se cobra automáticamente, ni queda claro en los pliegos cómo se calcula.
Versión del Gobierno regional
Los nuevos centros concertados
Los nuevos privados concertados impulsados por el Gobierno de Ayuso se sitúan en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde la explotación de las parcelas públicas fue cedida gratis a una empresa, el grupo GSD, y Vicálvaro, donde ganó la oferta de Humanitas Centros de Educación.
Las tres parcelas afectadas suman un valor de más de 30 millones de euros.
Antecedentes
Su cesión gratuita supone emprender un viaje en el tiempo. El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018 se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla.
De esta manera, si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Estrategia del Ayuntamiento y la Comunidad para sortear la ley
Oposición de CICAE
Pero los tres nuevos centros se han topado con la oposición de CICAE, que interpuso primero un recurso de reposición contra los respectivos pliegos de cláusulas que regían el procedimiento de adjudicación y las condiciones de ejecución. En desacuerdo con la resolución de ese expediente, la asociación ha llevado ahora el asunto a los tribunales a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.