Cargos y excargos desfilan sin aportar novedades en el caso mascarillas

En el Congreso continúan las comparecencias de cargos y excargos en las comisiones parlamentarias de investigación sobre los contratos de mascarillas. Este lunes, le tocó el turno a los exresponsables del Gobierno de Canarias, una comunidad autónoma donde, además de la conocida trama Koldo, la justicia investiga otros dos presuntos fraudes en la adquisición de tapabocas.

El expresidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desvinculó de todos los contratos bajo sospecha. Tanto él como su director de gabinete, Antonio Olivera, que dirigió el Servicio Canario de Salud al estallar la pandemia, negaron que sus tres contratos con la empresa Soluciones de Gestión por valor de 12,6 millones de euros fuesen adjudicados por intercesión de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes y acusado de cobrar comisiones de esa firma.

El PP trata de vincular a Torres con la trama

El diputado popular Elías Bendodo formuló al ministro Torres la pregunta de rigor: si conocía a Koldo García. El expresidente canario respondió sin rodeos que sí, que era asesor del ministro de Transportes. Bendodo proclamó entonces con tono triunfal que Torres, al igual que el exministro de Sanidad Salvador Illa y la expresidenta de Baleares Francina Armengol, conocía a Koldo García. Sin embargo, Torres matizó que todos los ministros tratan con los asesores de otros ministros.

El caso de las mascarillas falsas

Donde sí han aflorado más incidencias es en el conocido como "caso mascarillas", un asunto que estalló antes que el de la trama Koldo. El Gobierno socialista de Canarias pagó por adelantado cuatro millones de euros a RR7, una empresa de compraventa de coches que nunca llegó a suministrar el material. La firma trajo un millón de mascarillas de Etiopía que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas.

Otro exdirector del servicio de salud de las islas, Conrado Domínguez, está imputado en este caso por prevaricación y tráfico de influencias. El diputado de Vox Carlos Flores y la representante de Coalición Canaria Cristina Valido preguntaron a Torres sobre este asunto, y el expresidente acabó reconociendo que Domínguez fue destituido por su implicación en el caso.

Torres negó haber tenido ninguna participación en el contrato y aseguró que nunca ha pedido que se contratase o dejase de contratar a una empresa. Su director de gabinete, Antonio Olivera, afirmó que todas las gestiones relacionadas con el suministro de RR7 corrieron a cargo de Domínguez.