Comité presenta listas incompletas de candidatos a elección judicial: 'No hay mala fe', alegan

El Comité del Poder Legislativo presentó listas incompletas de candidatos a la elección judicial, lo que ha generado dudas y críticas. Sin embargo, los integrantes del comité alegan que no hay mala fe y que los errores se deben a la premura de tiempo.

Listas incompletas

La lista de personas que pasaron la primera etapa de la elección judicial, por parte del Poder Legislativo, se subió con prisas, errores y habrá una complementaria, pese a ello no se incurre en alguna ilegalidad, informaron integrantes del comité en conferencia de prensa.

El plazo para presentar la lista de elegibles venció el 15 de diciembre, pero el Comité del Poder Legislativo lo hizo tiempo después.

En la página oficial se subió una lista con 7 mil 060 personas, de los 12 mil registros que recibieron; sin embargo, fue por error, pues son 7 mil 177 o más.

Esa nueva lista podría salir en las próximas horas de este lunes.

Sin mala fe

Maribel Méndez Lara consideró que ello no afecta el principio de certeza, pues apenas se pasará a la etapa de idoneidad.

Entre las justificaciones estuvo que en 30% de los casos, los aspirantes no presentaban certificados de estudios con promedio, lo que los obligó a sacarlos de manera manual para ver si acreditaban el requisito de calificación de ocho.

Otros casos fue que se trataban de personas que ni siquiera eran licenciados en derecho.

De la lista preeliminar destaca Jorge Grossman Sánchez Cordero, sobrino de la exministra Olga Sánchez Cordero, mas ya no aparece su hija, que también estaba inscrita.

Ricardo Peralta, extitular de Aduanas; Jesús George Zamora, excontralor del INE; Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el INE, también fueron incluidos en la lista.

García Repper indicó que las personas que sientan agraviados sus derechos, pueden recurrir a los medios de impugnación ordinarios para cualquier proceso.

El comité también informó que la lista de los que pasaron esta primera etapa fue cruzada con las bases de datos de la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y el DIF Nacional, a fin de determinar que no tengan alguna inhabilitación, hayan sido sancionados por violencia política de género o sean deudores alimentarios.