Condenan a ex alto cargo de Ayuntamiento de Madrid por deterioro de palacete histórico
La ex directora de Patrimonio, Amalia Castro-Rial, es sentenciada a tres meses de prisión y multa por negligencia en la conservación del Palacio de Sueca
La justicia ha condenado a la ex directora de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, Amalia Castro-Rial, a tres meses de prisión y una multa de 1.800 euros por su negligencia en la conservación del Palacio de Sueca, un edificio protegido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Castro-Rial, que ocupó el cargo entre 2004 y 2012, "no realizó actividad alguna en relación a su gestión", ni "seguimiento alguno de las medidas provisionales de seguridad", ni "ordenó reparación alguna de los elementos deteriorados".
El fallo califica de "inactividad absoluta" la gestión de Castro-Rial en lo que se refiere al palacete, con lo que "incumplió flagrantemente todas sus obligaciones en materia de conservación de bienes pertenecientes al patrimonio histórico".
El Palacio de Sueca, construido en 1791, fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid mediante expropiación forzosa en 1999. En ese momento, el edificio presentaba serias deficiencias estructurales, pero el consistorio no adoptó las medidas necesarias para su conservación.
Como consecuencia de la negligencia del Ayuntamiento, el palacete llegó a estar al borde de la demolición. En 2005 se aprobó un plan especial para rehabilitarlo y destinarlo a la construcción de viviendas sociales, pero las obras se detuvieron al final de la legislatura.
En la actualidad, el Palacio de Sueca permanece cerrado y con riesgo de deterioro. El Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el futuro del edificio.
Reacciones y consecuencias
La sentencia ha generado reacciones encontradas. Por un lado, organizaciones como Hispania Nostra han celebrado la condena, mientras que desde el Ayuntamiento de Madrid se ha criticado la "falta de colaboración" del juzgado.
La condena a Castro-Rial sienta un precedente en la protección del patrimonio histórico en España. Es la primera vez que un alto cargo es condenado por negligencia en la conservación de un BIC.
Se espera que la sentencia sirva para concienciar a las administraciones públicas sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural.