Condenan a prisión a empresario por masacre de pingüinos
La justicia argentina condenó a tres años de prisión al empresario Ricardo La Regina por haber aplastado con una topadora a cientos de pingüinos en la reserva de Punta Tombo, en Chubut, en 2021. La sentencia, de ejecución condicional, fue dictada por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini, quienes consideraron que el empresario es responsable de los delitos de "daño agravado" y "crueldad animal".
El hecho
Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021. La Regina, con el objetivo de trazar caminos a su estancia y plantar un alambrado de 900 metros, utilizó una topadora para destruir intencionalmente el hábitat de los pingüinos, aplastando 292 nidos y matando a 105 ejemplares, además de aplastar huevos y pichones.
La condena
Además de la pena de prisión, La Regina tendrá que pagar los costos del proceso, no podrá circular por la zona sensible al ecosistema, tanto él como terceros, en vehículos de gran porte; tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización provincial y un informe de impacto ambiental, y va a tener que colaborar con las tareas de restauración, preservación y conservación del medioambiente que dispongan las autoridades. Por otro lado, se ordenó el decomiso de una máquina retroexcavadora de su propiedad, “en razón que fue un elemento utilizado para cometer el delito”.
Ecocidio
Este caso fue calificado como un “ecocidio”, delito que fue tipificado jurídicamente el mismo año del ilícito y fue definido como "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.
"Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de crueldad animal", expresaron los jueces.
La fiscalía había pedido una pena de 4 años de prisión para el acusado, además de una indemnización de 518 mil dólares y la ampliación de la protección ambiental a 500 hectáreas de la estancia La Perla, donde se produjo el hecho.
