El Gobierno prioriza África Occidental y el Sahel para su cooperación
El Gobierno de España ha aprobado el Plan Director de la Cooperación 2024-2027, que establece como regiones prioritarias para la cooperación al desarrollo África Occidental y el Sahel, de donde procede la mayor parte de los inmigrantes irregulares que llegan a las costas españolas.
Objetivos y prioridades
El documento, que recoge los objetivos y prioridades de la cooperación española hasta 2027, prevé por primera vez la elaboración de una estrategia de cooperación para el conjunto del África Subsahariana. En esta región, los países prioritarios serán Cabo Verde, Senegal, Níger, Malí, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique. Las otras dos regiones prioritarias son América Latina y Caribe y Norte de África y Oriente Próximo.
Además, se podrá trabajar de manera puntual con otros países para atender la consecución de bienes globales o afrontar crisis como las de Ucrania y Afganistán. España considera que "la cooperación no puede quedar determinada únicamente por el nivel de renta" de un país.
Compromiso presupuestario
El Plan Director reafirma el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030. Aunque se dibujan tres escenarios de crecimiento presupuestario para alcanzarlo, el mayor esfuerzo deberá realizarse en los últimos años de la década para reforzar las herramientas de gestión y absorber de manera ordenada, eficaz, coherente y estratégica el aumento de los fondos.
Prioridades sectoriales y transversales
Junto a las prioridades geográficas, el plan identifica prioridades sectoriales como la transición social, ecológica y económica. En ellas se enmarcan el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo rural.
A ellas se suman los principios transversales que deben inspirar todas las actividades de la cooperación, como la promoción de los derechos humanos, el enfoque feminista y de género, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la justicia climática, la sostenibilidad medioambiental y la diversidad cultural.
Cooperación descentralizada y evaluación
La apuesta por la cooperación descentralizada se plasma en la participación de comunidades autónomas y entes locales en la formulación y ejecución de la política de desarrollo. También se pondrá en marcha una oficina de evaluación de la cooperación que medirá sus resultados "de manera independiente".
Nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes
El Consejo de Ministros también ha aprobado el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, que sustituye al de 2006 e incorpora novedades como la definición de distintos perfiles de cooperantes, incluidos los extranjeros. También se incluyen las diferentes tipologías de entidades promotoras y los supuestos de exclusión e incompatibilidad.
Además, se incluye la categoría profesional de cooperante en el Servicio Público de Empleo (SEPE), se reconoce el reembolso de determinados gastos a los familiares de los cooperantes y se confirma la garantía de un seguro colectivo.