El Gobierno cede ante la Iglesia en Cuelgamuros: ¿Qué está pasando?

En un giro inesperado, el Gobierno español está permitiendo que la comunidad benedictina permanezca en el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como el Valle de los Caídos. Esta decisión, que contradice las promesas previas de expulsarlos del monumento, está generando controversia y plantea interrogantes sobre el futuro de la resignificación del complejo. Según fuentes del ministerio de Presidencia, dirigidas por Félix Bolaños, se está afirmando que «no había alternativa», ofreciendo como «contrapartida» un concurso internacional de ideas para remodelar el complejo y el relevo del prior, Santiago Cantera.

¿Por qué este cambio de postura?

La decisión del Gobierno se produce tras meses de negociaciones con la Iglesia Católica. En octubre pasado, durante una reunión entre el Papa y el presidente Pedro Sánchez, se discutieron dos temas clave: las indemnizaciones por casos de pederastia y el desalojo de los benedictinos de Cuelgamuros. Sin embargo, mientras que las negociaciones sobre las indemnizaciones parecen estar avanzando por separado, la permanencia de los monjes en el Valle de Cuelgamuros se ha asegurado, al menos por ahora.

Las víctimas de abusos alzan la voz

El legado franquista en Cuelgamuros

La presencia de la comunidad benedictina en Cuelgamuros se remonta a 1958, cuando asumieron las tareas de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto franquista en 1957. Esta fundación tenía como objetivo «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional» y «laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana». La Ley de Memoria Democrática de 2022 declaró «extinguida» dicha fundación, considerándola incompatible con los principios y valores constitucionales. Sin embargo, la extinción depende de un real decreto que aún no se ha aprobado, dejando un vacío legal que permite la continuidad de la comunidad benedictina.

Voces a favor de la expulsión

Desde el Gobierno, varias voces se han alzado a favor de la expulsión de los benedictinos. En 2020, la entonces vicepresidenta primera declaró que su presencia en Cuelgamuros era «incompatible» con los planes para resignificar el monumento. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de que los monjes se vayan, afirmando que «debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después». Torres ha asegurado que el Gobierno está hablando con la Iglesia para lograr este objetivo, aunque reconoce que existe «cierta resistencia».

El futuro de Cuelgamuros

Según informa *El País*, el plan del Gobierno para resignificar el monumento afectará a parte de la basílica, que contará con una puerta independiente para quienes deseen visitar el complejo sin asistir a misa. La archidiócesis de Madrid ha asegurado que «lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma». Sin embargo, cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno.

Un historial de tensiones

Esta no es la primera vez que el Gobierno socialista se enfrenta a la Iglesia en temas relacionados con la memoria histórica y la laicidad del Estado. Pedro Sánchez prometió en 2014 derogar los acuerdos con la Santa Sede, pero esta promesa ha quedado en el aire. Aunque el PSOE ha incluido en sus programas electorales la revisión de dichos acuerdos y la actualización del principio de laicidad en la Constitución, la realidad es que la Iglesia sigue manteniendo privilegios y exenciones fiscales. En palabras del propio Sánchez en 2014: «No somos anticlericales, pero sí laicos. Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede».

El Prior Santiago Cantera y sus controvertidas opiniones

La permanencia de la comunidad benedictina en Cuelgamuros sigue siendo un tema de debate y controversia, con implicaciones políticas, religiosas y sociales de gran calado.