Decreto de Milei pondría en riesgo prestaciones básicas para personas con discapacidad

El decreto de Javier Milei que pone en riesgo las prestaciones básicas para personas con discapacidad

La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEsA) ha denunciado un proyecto de Decreto del Gobierno de Javier Milei que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

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Desregulación del nomenclador nacional

Según AIEPEsA, el decreto desregularía el nomenclador nacional de prestaciones básicas, lo que permitiría a cada entidad de salud fijar sus propios valores en las prestaciones.

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Esto generaría un desequilibrio, ya que cada entidad podría ajustar los valores de su nomenclador, agravando el actual desfinanciamiento de los servicios para personas con discapacidad.

Reacción de las entidades educativas especiales

Las entidades educativas especiales han advertido que el decreto pondría en riesgo las prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

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En un comunicado, AIEPEsA afirmó que el decreto sería un "posible ajuste" que no solo haría que los valores vayan por detrás de la inflación, sino que "DESARMA EL SISTEMA" para que cada financiador pueda ajustar como le parezca.

Contexto del decreto

El proyecto de Decreto trascendió en la misma semana en la que se conoció la designación de Natalia Basil, esposa del CEO del equipo de trolls de Casa Rosada, al frente de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según AIEPEsA, este nombramiento podría estar relacionado con el proyecto de Decreto, ya que Basil no tiene experiencia profesional ni educativa sobre discapacidad.

Implicaciones del decreto

De firmarse el decreto, AIEPEsA advierte que podría poner en riesgo las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, como la educación especial, la inclusión educativa y los centros educativos terapéuticos.

Las entidades educativas especiales han señalado que los sindicatos, responsables de las Obras Sociales, llevan tiempo advirtiendo públicamente que el 'gasto' en discapacidad es muy grande y que se debe reducir.

Por ello, proponen dejar de pagar las prestaciones educativas, aduciendo que no son del ámbito de la salud, lo que agravaría aún más la situación de las personas con discapacidad.