Legislador denuncia a jueza por presunto maltrato laboral y liberación controvertida de detenidos
La controversia está escalando en el ámbito judicial argentino, con el legislador Yamil Santoro liderando una denuncia formal contra la jueza Karina Andrade. Santoro, conocido por su postura liberal y su rol activo en la Fundación Apolo, está acusando a la magistrada de una serie de irregularidades graves, incluyendo maltrato laboral sistemático y decisiones judiciales que, según él, ponen en riesgo la seguridad pública.
Fundación Apolo investiga el desempeño de la jueza
Desde la Fundación Apolo, una organización dedicada a monitorear la calidad institucional de los organismos judiciales, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el desempeño de la jueza Andrade. Esta investigación se intensificó tras la decisión de la jueza de liberar a un grupo numeroso de detenidos durante una reciente represión. "ámbito.com" (@ambito, s.f.) reporta que Santoro, en su función como director de la fundación, ya había iniciado un seguimiento del caso, lo que eventualmente condujo a la presentación formal de la denuncia.
Acusaciones de maltrato laboral y alta rotación de personal
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Santoro es la acusación de maltrato laboral. Según sus declaraciones, recogidas por "ámbito.com" (@ambito, s.f.), entre junio de 2021 y marzo de 2025, cinco secretarios del juzgado de Andrade renunciaron debido a las condiciones laborales abusivas que supuestamente sufrían. Esta alta rotación de personal, según Santoro, es un indicador claro de un problema sistémico dentro del juzgado. Él mismo ha declarado: «Desde la Fundación Apolo estamos siguiendo de cerca el desempeño de los funcionarios judiciales, y hemos detectado que la jueza Andrade está manteniendo una actitud constante de maltrato hacia su personal, lo que provocó una alarmante rotación de empleados que no pudieron soportar el ambiente laboral».
Liberación controvertida de detenidos
Además de las acusaciones de maltrato laboral, Santoro está cuestionando la decisión de la jueza Andrade de liberar a 114 detenidos involucrados en los disturbios cerca del Congreso de la Nación el pasado 12 de marzo. La denuncia alega que esta liberación se produjo sin un análisis detallado de cada caso individual, lo que, según Santoro, representa una «decisión arbitraria que refleja su intención de obstaculizar las políticas públicas de seguridad».
Acciones legales y solicitud de investigación
Santoro ha formalizado su denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, solicitando la apertura de una investigación exhaustiva y la aplicación de la máxima sanción posible contra la jueza Andrade. Como parte de su presentación, ha aportado testimonios de ex empleados del juzgado que corroboran las acusaciones de maltrato, así como antecedentes de casos en los que, según él, Andrade actuó con negligencia. El legislador liberal está presentando pruebas y argumentos para respaldar sus acusaciones, buscando una respuesta firme por parte del Consejo de la Magistratura.
Negligencia en la concesión de libertad
La denuncia también destaca un caso específico de negligencia en la concesión de libertad a un detenido. En la CAUSA N° 92972/2024, la jueza Andrade rechazó la prisión preventiva de un imputado de apellido Oviedo, pero, según la denuncia, olvidó notificar a las autoridades encargadas de su detención. Esta omisión resultó en que Oviedo permaneciera detenido durante una semana adicional, una situación que Santoro califica de inaceptable. "ámbito.com" (@ambito, s.f.) señala que la negligencia en este caso se suma a las demás acusaciones, reforzando la solicitud de investigación y sanción.
Repercusiones y próximos pasos
La denuncia de Yamil Santoro contra la jueza Karina Andrade está generando un debate intenso en los círculos políticos y judiciales. La Fundación Apolo se mantiene vigilante, monitoreando de cerca el desarrollo del caso y asegurando que se sigan los procedimientos adecuados. La resolución de esta denuncia podría tener implicaciones significativas para el futuro de la jueza Andrade y para la percepción pública del sistema judicial en Argentina.
El legislador concluyó: «Es inaceptable que una jueza abuse de su poder para maltratar a sus empleados y tome decisiones que puedan fomentar la violencia y la impunidad. Vamos a seguir de cerca este caso y nos aseguraremos de velar por la transparencia y el buen funcionamiento del sistema judicial».