La atención a menores migrantes no acompañados vulnera sus derechos en Canarias

Denuncian el pésimo estado de un centro de acogida en Lanzarote

Un informe elaborado por dos abogadas ha puesto de manifiesto el "pésimo estado" en el que viven 55 menores migrantes no acompañados en la Casa del Mar, en la isla de Lanzarote. El centro, gestionado por la Fundación Suma, presenta unas condiciones de habitabilidad "lamentables", según ha adelantado La SER.

El dosier, facilitado por las letradas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye, contiene testimonios, grabaciones de audio, escritos y fotografías que evidencian que las 20 habitaciones ocupadas por los menores se encuentran en muy mal estado. La fiscal delegada de Extranjería, Inmigración y Trata de Seres Humanos, Teseida García, ha confirmado la inspección del centro el pasado 6 de mayo y ha señalado que se detectaron "deficiencias" y se anunció el cierre inminente en un plazo de 15 días, por lo que debería haber sido clausurado a finales de mayo.

Multitud de deficiencias y falta de personal

La directora general de Protección a la Infancia, Juana de la Rosa, ha confirmado al diario El País que se tomó la decisión de cerrar el centro en mayo, pero que no han podido encontrar infraestructuras alternativas, sobre todo en Lanzarote. Ha explicado que se han solicitado instalaciones en desuso al Ministerio de Defensa, pero la petición ha sido rechazada.

El informe y las fotografías aportadas ya han sido remitidas a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Diputada del Común (el equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias). El documento describe una situación "tenebrosa" en el centro, abierto en octubre:

Además, el personal del centro es insuficiente y está poco cualificado:

Incumplimiento sistemático de la normativa de protección a la infancia

Las abogadas concluyen que en este centro se incumple sistemáticamente la normativa de protección a la infancia:

Esta denuncia se produce en un momento de extrema tensión en torno a la atención a los menores migrantes no acompañados en Canarias. El presidente de la región, Fernando Clavijo, ha señalado que el archipiélago se encuentra "en un estado de emergencia" por las llegadas de menores en cayucos. El Ejecutivo autonómico tutela a casi 6.000 niños y adolescentes, y según Clavijo, "con ese volumen es imposible" garantizar la calidad de la asistencia.

Falta de infraestructuras y reforma de la Ley de Extranjería

Canarias cuenta con 80 recursos para la acogida de menores migrantes, y planea abrir carpas para albergarlos debido a la saturación. El Gobierno autonómico ha depositado sus esperanzas en la reforma de la Ley de Extranjería, elaborada en colaboración con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que permitirá que las comunidades autónomas asuman de forma obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados cuando un territorio se vea sobrepasado por las llegadas.

Esta reforma ha encontrado la oposición frontal de Junts y Vox, que amenazan con romper sus acuerdos de Gobierno con el PP si este partido apoya la reforma.

Casos similares en otros centros

Esta no es la primera vez que se denuncian las condiciones de los centros de acogida de menores migrantes en Canarias. A finales del año pasado, un extrabajador de la Fundación Samu en Gran Canaria relataba la situación en el dispositivo en el que trabajaba: "Los centros están masificados, no tenemos recursos para que salgan de aquí con una formación específica ni con los valores éticos y morales necesarios".

Este extrabajador ha asegurado que el caso de Lanzarote no es aislado: "Todo lo que refleja la denuncia en Lanzarote es lo mismo que sucedía y sucede en el centro donde yo estaba. Las condiciones en las que las fundaciones privadas están acogiendo a estos chavales es un escándalo".

En abril, el Cabildo de Lanzarote clausuró el albergue de La Santa, un macrocentro que tampoco ofrecía las condiciones mínimas. Buena parte de los escándalos en esta materia se han centrado en la Fundación Siglo XXI, otra de las entidades contratadas por el Gobierno de Canarias para gestionar los recursos.

Actuaciones judiciales

En 2022, la Fiscalía se querelló contra esta organización por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves en un centro ya clausurado en un complejo turístico de Gran Canaria. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite en junio una querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a Siglo XXI de desviar supuestamente parte de los 12,5 millones de euros de dinero público que recibió.

Anticorrupción sostiene que los menores malvivían en centros que presentaban un "lamentable" y "alarmante estado de deterioro". El último episodio tuvo lugar a finales de noviembre, cuando 12 menores denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas haber sufrido malos tratos por parte de los educadores en otro de sus centros en Gran Canaria. Se negaron a volver a las instalaciones y Save the Children los acogió hasta que se les asignó otro hogar.