El Ayuntamiento de Madrid intenta dilatar la excavación de una posible fosa común en Montecarmelo

El Ayuntamiento de Madrid está tratando de aplazar en lo posible el inicio de un estudio arqueológico que permita excavar una parcela del barrio de Montecarmelo y determinar, de una vez por todas, si allí hay o no una fosa común en la que fueron enterrados 451 combatientes de las brigadas internacionales por las autoridades franquistas.

Denuncia del Ministerio de Memoria Democrática

Esta denuncia ha sido presentada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales y las asociaciones vecinales que llevan desde noviembre alertando de que, bajo la parcela 26.2b, puede encontrarse la mayor fosa de la Guerra Civil en Madrid.

Informe de una empresa contratada

El Consistorio lleva semanas sin revelar el contenido del informe elaborado por una empresa contratada por el Área de Limpieza que, como contó EL PAÍS, arroja resultados “altamente compatibles” con la existencia de restos humanos. Fuentes conocedoras de las conclusiones del estudio han confirmado a este diario que el informe recomienda realizar un estudio arqueológico ―que implica cavar la tierra― para confirmar si lo hay o no una fosa común.

Retraso de la petición de excavación

El Gobierno de Almeida, además, ha retrasado en lo posible la petición de la Secretaría de Estado de Memoria democrática para iniciar las excavaciones en un terreno de Montecarmelo donde el Ayuntamiento pretendía instalar un cantón de basuras, a pesar de la oposición vecinal.

Acusaciones al Gobierno de Pedro Sánchez

Mientras el alcalde Almeida guarda silencio, la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz; y el delegado de Urbanismo, Borja Carabante; han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “abandonado” la búsqueda de los brigadistas.“Nada más alejado de la realidad”, ha afirmado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha confirmado que han solicitado de nuevo el permiso tras el archivo del primer expediente a mediados de mayo.

¿Dónde está el problema?

La clave del retraso del trámite que tiene en vilo la búsqueda de la fosa común está en la interpretación de la Ley de Memoria Democrática. Tanto Sanz como Carabante se acogen a la letra y no al espíritu de la norma, que obligaría a tener el permiso de todos los descendientes de los brigadistas enterrados para su exhumación 80 años después.

Como es imposible obtener la autorización de 451 familiares de 20 nacionalidades ocho décadas después, tanto Sanz como Carabante deducen que es el Gobierno quien no cumple sus normas y renuncia a la exhumación.

Cronología de los hechos

El 19 de enero, el Ayuntamiento supo que estaba en aprietos. Memoria Democrática había contactado con la Dirección de Patrimonio municipal para manifestarle su “voluntad” de hacer exploraciones arqueológicas en el terreno donde se quiere construir el cantón. Ese día, el Área de Cultura le envía un correo al Área de Urbanismo encargada de la obra y le advierte que “parece aconsejable posponer el inicio de las obras municipales” y permitir que Memoria Democrática haga el estudio.

El 22 de enero, Memoria Democrática lanza una solicitud de ofertas para un contrato menor dirigido a realizar sondeos prospectivos en la parcela de Montecarmelo. Tres días después, recibe la oferta de la Asociación Científica Arqueoantro, y el 23 de febrero adjudica el contrato por casi 17.000 euros.

El 28 de febrero, Arqueoantro solicitó autorización para llevar a cabo el Proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral, Madrid, con una duración de tres semanas.

El 15 de marzo, el Ayuntamiento pidió a la empresa que, en 10 días, presentara un plano que mostrara dónde haría las excavaciones y que adjuntara la autorización conforme a las reglas que indica el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática.

El 2 de abril, Arqueoantro envió el plano y, nuevamente, adjuntó la resolución del contrato con Memoria Democrática.

El 14 de mayo, el Ayuntamiento emitió una resolución en la que declaró “el desistimiento de la solicitud de ocupación de parcela”.

El 30 de mayo, Arqueoantro volvió a pedir la autorización y alegó que “no ha lugar a presentar la autorización del artículo 18 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ya que es la propia Administración General del Estado, a través de una entidad contratista, la que impulsa la intervención”.

¿Qué pasará ahora?

Si el Ayuntamiento diera la autorización de ocupación de terreno, luego la empresa tendría que pedir otro permiso ante de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Solo cuando todo eso esté listo, podrá cavarse la tierra y resolver, de una vez por todas, si lo que ha detectado Gama Geofísica SL es o no la fosa común de los brigadistas internacionales.