El Ayuntamiento de Madrid retira todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha retirado todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex, donde es posible buscar información sobre las casi 1,6 millones de viviendas de la capital, porque ha concluido que contiene alguna información “que no cumple con la normativa de protección de datos (…) y que constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas”.

Conex: Una herramienta para el acceso a la información urbanística

Conex, acrónimo de Consulta de Licencias y Expedientes Urbanísticos, entró en funcionamiento en 2020 y permite a la ciudadanía introducir la dirección de cualquier edificio en la capital para encontrar información sobre obras y actividades económicas en esa finca. Los resultados muestran un histórico de los dosieres en esos inmuebles. Al clicar en ellos era posible descargar documentos que contenían las resoluciones de los funcionarios. En ellas, solían aparecer planos de los arquitectos y datos de los solicitantes.

Su utilidad residía en que hacía la vida más fácil para vecinos y profesionales. En lugar de acudir presencialmente a las dependencias municipales, cualquiera podía buscar esta información útil en Conex. Por ejemplo, un interesado podía averiguar si la obra en marcha de su vecino estaba autorizada o también podía saber si el local que pretendía comprar tenía la licencia de negocio oportuna.

La OPD recomienda el cierre de Conex

La Coordinación de Vicealcaldía, dirigida por Inmaculada Sanz, solicitó el 11 de abril un informe a la Oficina de Protección de Datos (OPD) del propio Ayuntamiento, que recomendó el cierre de Conex, según contesta la dirección de Comunicación municipal a EL PAÍS.

El recorte en ese portal, activo desde 2020, se produjo después de que, en marzo, esa web abierta al público fuera usada por la prensa y la oposición de izquierdas para encontrar los primeros indicios de que en el piso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se había hecho una obra ilegal.

Disparidad de criterios sobre la protección de datos

La OPD recomendó “proceder a eliminar de CONEX todos los documentos y planos que contengan datos personales” o “en el caso de mantener esa documentación, realizar la ‘anonimación’ (sic) de esta, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”, informa por correo la dirección de comunicación. “En tanto en cuanto se realicen una de las dos recomendaciones, debería cerrarse el acceso a la aplicación CONEX”, concluyó el informe de la OPD.

Esta hipotética vulneración masiva de derechos tendría un coste cero para el Ayuntamiento. Expertos en protección de datos consultados indican que, según la ley, las administraciones no pueden ser sancionadas por vulnerar los derechos relativos a la privacidad.

¿Se han vulnerado los datos personales de millones de madrileños?

Los expertos consultados discrepan sobre si esta reforma restrictiva de Conex es apropiada. Esto es un reflejo de la habitual disparidad de opiniones sobre privacidad en el ámbito de las administraciones públicas. No es fácil decidir si prevalece el derecho de los ciudadanos a que se protejan sus datos personales, entre ellos el domicilio, o la obligación de los gobernantes de facilitar el acceso a la información de interés público. Este debate se suele dirimir caso a caso.

En todo caso, agregan, la Ley de Protección de Datos no contempla sanciones para las administraciones públicas. En su lugar, conmina a la autoridad competente a dictar una resolución estableciendo las medidas para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción.

Preguntas sin resolver sobre el futuro de Conex