La Audiencia Nacional sigue investigando el caso Koldo

La Fiscalía Europea reclama para sí la totalidad de las pesquisas, al considerar que se habían visto afectados fondos de la Unión Europea (UE).

El juez Ismael Moreno es el competente para investigar

El Tribunal Supremo ha resuelto que el juez Ismael Moreno es el competente para investigar la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020.

La Audiencia Nacional investigará los hechos

El alto tribunal añade que la investigación del juez Moreno se encuentra ya en un estado avanzado y, dada su complejidad, que cambie de manos en este momento podría mermar “su ritmo y eficacia”.

El Supremo acuerda por ello que sea la Audiencia Nacional la que continúe investigando los hechos, incluidos los expedientes de los gobiernos balear y canario, y aclara que la Fiscalía Europea mantendrá su competencia exclusivamente para determinar la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía Europea no asume la causa

De este modo, el alto tribunal respalda la posición tanto de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción como del propio juez Moreno, que defendían que fuera este quien siguiera al frente de la causa.

La resolución no admite recurso.

Tras analizar el marco en el que se creó la Fiscalía Europea y sus competencias ―y admitir que las cuestiones sobre competencia entre órganos judiciales están marcadas por la “provisionalidad” y el devenir de las investigaciones―, los magistrados recalcan que el fin de este órgano de la UE es proteger los intereses de la Unión y paliar las dificultades que los países miembros pudieran encontrar al perseguir aquellas infracciones que perjudican a la UE o que, por su dimensión, se pudieran combatir mejor a escala supranacional, circunstancias que consideran que en este momento no se dan en el caso Koldo.

No hay perjuicio a los intereses financieros de la UE

“No podemos concluir que en las diligencias previas [...] se estén investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión”, destaca el auto, en el que se rechaza que las infracciones penales investigadas (cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y contra la Hacienda Pública) supongan una amenaza para aquellos o para las instituciones de la UE.

El Supremo tampoco considera que la Fiscalía Europea esté en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional.