El Consejo de Europa advierte sobre el castellano en las aulas catalanas
El Consejo de Europa ha emitido un informe en el que expresa su preocupación por las sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en el sistema educativo catalán. Esta imposición, según los expertos, va en contra de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por España en 2001.
El informe también alerta de un "deterioro de la situación" de las lenguas minoritarias o regionales en varias comunidades autónomas, especialmente en Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Esta situación se debe a la adopción de legislación o medidas que obstaculizan la implementación de las obligaciones establecidas en la Carta, o a la ausencia de medidas para cambiar una situación que no es compatible con el nivel de protección previsto en el tratado.
Sentencias sobre el castellano en Cataluña
El Consejo de Europa considera que establecer un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada escuela va en contra de los principios aceptados por España bajo el artículo 8 de la Carta, que garantiza la educación en las lenguas regionales o minoritarias relevantes en todas las etapas del sistema educativo.
En este sentido, las autoridades estatales deberían tomar todas las medidas necesarias para remediar la situación y asegurar la implementación correcta de todas las garantías a las que se comprometió España. En particular, la sentencia final del TSJC ordenando la implementación de un mínimo de 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán constituye una fuente de gran preocupación para el Consejo de Europa.
Sin embargo, los expertos reconocen que este principio debe ser aplicado de forma flexible, y que la protección de las lenguas minoritarias o regionales no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas en España.
Informe del Consejo de Europa
El informe del Consejo de Europa se basa en la información proporcionada por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, así como por la visita realizada por el comité de expertos en enero de este año.
En líneas generales, el informe concluye que España tiene un sistema bien desarrollado para la protección y promoción de sus lenguas regionales y minoritarias. Sin embargo, considera que se requieren más esfuerzos para atender las lagunas existentes en materia de cumplimiento del tratado. Los principales desafíos se dan en materia de justicia, administración estatal, suministro de servicios públicos e intercambios transfronterizos.
Según el Consejo de Europa, España decidió optar por el nivel de protección más alto de estas lenguas al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en 2001. Este compromiso se traduce en garantizar la educación en lenguas regionales o minoritarias tanto en preescolar como en primaria y secundaria, salvo por la enseñanza del castellano, como lengua oficial del Estado, y las de lenguas extranjeras.