El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin consensuar su presidencia a dos días del inicio del año judicial

Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúan sin alcanzar un acuerdo para elegir a su presidente a dos días de la apertura del año judicial, que tendrá lugar el próximo jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI. El único acuerdo al que se llegó el lunes fue el de abrir a otros nombres las candidaturas existentes, lo que no garantiza un pacto final.

El bloque conservador mantiene su oposición a las tres magistradas propuestas por el grupo progresista como candidatas a ocupar la presidencia del Consejo, que lleva aparejada la del Supremo, lo que coloca a su titular entre las máximas autoridades del Estado. Fuentes conocedoras de las votaciones explican que la sesión del lunes acabó con un empate a 10 votos entre la juez Ana Ferrer y la magistrada Carmen Lamela.

Sectores de la institución coinciden en calificar de "dramática" la falta de acuerdo, que frustra las expectativas de abrir una nueva etapa en la cúpula del Poder Judicial tras su renovación por un acuerdo entre el PSOE y el PP el pasado mes de julio.

Desbloqueo de la situación: ¿quién es el responsable?

La coincidencia sobre la gravedad de la situación es la única, porque las discrepancias resurgen cuando se trata de determinar las responsabilidades por no alcanzar un acuerdo, lo que impide que el órgano de gobierno de la magistratura se ponga a trabajar de manera efectiva, paralizado por la falta de pacto sobre su presidencia.

Ambos grupos lamentan que esta falta de arranque de su nueva etapa se haga más visible en puertas del inicio del año judicial, cuya apertura volverá a constatar lo que la derecha de la magistratura considera como meras dificultades de entendimiento y los vocales progresistas definen como maniobras de bloqueo de los conservadores.

Los integrantes del grupo conservador proponen al magistrado Pablo Lucas para presidir el Consejo al considerarlo el representante idóneo del sector progresista de la magistratura, aunque el lunes respaldaron a Lamela ante las demandas de los progresistas de que sea una mujer quien presida la institución.

Los vocales de la izquierda judicial, en cambio, mantienen sus tres candidatas: Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet. Consideran que en esta ocasión corresponde elegir, por primera vez en la historia, a una magistrada para presidir el Poder Judicial.

Los argumentos del bloqueo

Los conservadores rechazan la propuesta de elección de alguna de estas tres magistradas del Supremo con el argumento de que "no se sienten representados" por ninguna de ellas. Este intento de justificación de lo que consideran un mero ejercicio de bloqueo ha indignado a los miembros del sector progresista de la judicatura, que se resisten a aceptar los vetos de los conservadores.

Esta resistencia se apoya en la convicción de que el sector conservador incumple de forma flagrante parte de los acuerdos de procedimiento que permitieron renovar el Consejo del Poder Judicial, aunque ahora se ve que de forma incompleta.

Dicho pacto suponía que el grupo conservador elegiría entre los candidatos o candidatas propuestos por los progresistas. De este modo, la presidencia del Consejo y del Supremo sería fruto de la iniciativa de los progresistas, pero por medio de una terna para que los conservadores optaran por uno de sus integrantes.

Los vocales progresistas añaden más argumentos que consideran de mucho peso para que los conservadores acepten a alguna de las tres magistradas del Supremo que han propuesto para el cargo. Dos de ellas -Pilar Teso y Ángeles Huet- pertenecen a la Sala de lo Contencioso y Ana Ferrer a la de lo Penal, y las tres comparten una dilatada experiencia en la magistratura.

Para los progresistas es incomprensible el veto de conjunto a estas propuestas y la insistencia de los conservadores en que la decisión sobre qué candidato de la izquierda judicial resulta más representativo la deben tomar ellos.

Las fuentes consultadas subrayan que los progresistas no han sostenido pretensiones de este tipo en situaciones similares precedentes. Los conservadores han impuesto tradicionalmente su mayoría en el Consejo cuando la han tenido, y la han utilizado para elegir a un presidente de su misma orientación ideológica. Ahora, sin embargo, se rompe un pacto que había formado parte antes de los consensos básicos para las distintas etapas de la institución.

Por otra parte, las mismas fuentes destacan que en el reciente acuerdo para desatascar las situaciones de bloqueo se evitó utilizar veto alguno en el caso del nombramiento de un magistrado del Constitucional para la sustitución de Alfredo Montoya, del sector conservador. Dichas fuentes subrayan que los progresistas aceptaron la propuesta de nombrar a José María Macías para el cargo, sin pretender que los conservadores les presentaran una terna ni que luego pudieran cambiar a los propuestos por un cuarto candidato ajeno a la iniciativa del grupo proponente.