El CNI se niega a entregar informes sobre los atentados de Barcelona al Congreso

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha negado a entregar al Congreso de los Diputados la información que posee sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, en particular sobre su relación con el presunto cerebro de los ataques, el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty.

En una respuesta de 57 páginas remitida a la comisión de investigación de los atentados, el Ministerio de Defensa explica que el CNI no puede proporcionar información sobre sus actividades debido a su carácter secreto. Solo podrá hacerlo si el Consejo de Ministros desclasifica los documentos relacionados con la masacre yihadista, como se comprometió a hacer el Ejecutivo.

La comisión de investigación sobre los hechos del 17-A comienza este martes en el Congreso con las comparecencias del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y del exjefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera. Los diputados esperaban recibir los documentos de los servicios de inteligencia para preparar sus preguntas, pero, al menos por ahora, no dispondrán de esa información.

El ministerio recuerda que, en la anterior legislatura, el director del CNI compareció ante los diputados "para explicar si ha existido relación alguna entre dicho centro y Abdelbaki Es Satty"

En septiembre de 2022, el Gobierno mostró su disposición a desclasificar los documentos del CNI sobre los atentados que, el 17 de agosto de 2017, dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. La entrega de esos documentos fue una de las condiciones exigidas por Junts per Catalunya para reactivar una comisión que llevaba meses paralizada.

"No hay nada que esconder, el Ejecutivo es partidario de la transparencia", señalaron entonces fuentes de Defensa. Corresponde al Consejo de Ministros proceder a la desclasificación, algo que, por ahora, y a la vista de la respuesta oficial, no se ha producido.

Fuentes del Gobierno consultadas por este diario aseguran que mantienen la voluntad de entregar la documentación, pero que existen cuestiones técnicas (como los cauces por los que debe solicitarse) que han impedido hacerlo al inicio de la comisión.

Según el plan de trabajo acordado entre el PSOE y los grupos independentistas, el CNI debía informar sobre las entrevistas con el imán de Ripoll durante su estancia en la cárcel de Castellón para cumplir una condena por tráfico de drogas. Años antes de los atentados, y hasta 2012, Es Satty recibió visitas de guardias civiles y personal de inteligencia que, supuestamente, pretendían captarlo como confidente.

La comisión de investigación tiene como objetivo esclarecer aspectos que, según los independentistas catalanes, no quedaron claros en la investigación judicial impulsada por la Audiencia Nacional, que concluyó con la condena de tres miembros de la célula (el resto fueron abatidos por los Mossos).

Junts per Catalunya lanzó desde el principio sospechas, sin pruebas, sobre el papel del Estado en la génesis de los atentados. Parte del independentismo cree que Es Satty tal vez no falleció en la explosión fortuita producida en una casa de Alcanar (Tarragona) la víspera del ataque, donde la célula yihadista de Ripoll acumulaba explosivos para cometer un gran atentado con bombas.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha respondido a otras peticiones del Congreso: el itinerario administrativo que siguió Es Satty para su regularización en España y por qué se revocó su orden de expulsión, datos que ya eran conocidos por la instrucción judicial, pero de los que ahora se aportan más detalles.

En mayo de 2012, la brigada de extranjería incoó un expediente de expulsión al imán por su condena por tráfico de drogas; tres años después, sin embargo, Es Satty logró que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón revocara ese expediente, lo que le permitió seguir residiendo en España. Poco después se trasladó a Ripoll (Girona), donde acabó convirtiéndose en el imán de la mezquita Annour y radicalizando a los jóvenes que acabaron cometiendo el atentado.

La documentación remitida por el Gobierno incluye también las transcripciones de distintas juntas de seguridad de Cataluña celebradas entre 2017 y 2021. La más relevante en materia antiterrorista es la de 2018, que dibuja un panorama desolador sobre el riesgo de atentados yihadistas en Cataluña. Los responsables policiales recordaron entonces que un 18% de los centros de culto islámicos en la comunidad "responden a una ideología extremadamente radical" y que una cuarta parte de las personas que se alistaban como combatientes de Estado Islámico en España procedían de Cataluña.