Las familias del Ramiro Maeztu critican la implantación de una sección de la Escuela Europea Acreditada
Las familias del colegio e instituto Ramiro de Maeztu del distrito de Chamartín han criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de crear una Escuela Europea Acreditada (EEA) para hijos de diplomáticos europeos dentro de este centro público. Denuncian que la decisión se ha tomado sin consultar a la comunidad educativa, lo que ha generado un gran malestar entre los padres, como demuestra la aparición de pintadas en la fachada del colegio.
Falta de transparencia y consulta pública
Los padres lamentan la falta de transparencia y consulta pública por parte de las autoridades educativas. Aseguran que no han sido informados sobre el proyecto, que lleva en marcha desde febrero de 2023, y que se han enterado de la creación de la EEA a través de los medios de comunicación.
Preocupación por la segregación del alumnado
Además, las familias expresan su preocupación por la posible segregación del alumnado que podría suponer la creación de la EEA. Consideran que los hijos de los diplomáticos europeos tendrán preferencia para matricularse en el centro y disfrutarán de un sistema educativo preferente, lo que podría perjudicar al resto de los alumnos.
Falta de espacio
Por otro lado, las familias alertan de la falta de espacio en el centro. Aseguran que la creación de la EEA implicaría la pérdida de espacios para el resto de la comunidad educativa, lo que podría afectar a la calidad de la enseñanza.
Respuesta de la Comunidad de Madrid
Desde la Comunidad de Madrid aclaran que la EEA funcionará como una sección más dentro de las instalaciones del Ramiro de Maeztu y que en ella se podrá matricular cualquier alumno, si bien tendrán prioridad los escolares procedentes de la Unión Europea. También aseguran que la creación de la EEA no supondrá una segregación del alumnado, ya que todos los alumnos recibirán la misma educación de calidad.
La implantación de la EEA en el Ramiro de Maeztu ha generado una gran polémica en la comunidad educativa. Las familias esperan que la Comunidad de Madrid reconsidere su decisión y consulte con todos los afectados antes de tomar una decisión definitiva.