El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ómnibus y ha dejado en el aire las bonificaciones al transporte y las ayudas a los damnificados por desastres naturales.

Bonificaciones al transporte

Las bonificaciones al transporte público aprobadas en 2022 quedarán anuladas a partir del jueves, 26 de enero. Estas incluían una subvención del 30% en los abonos multiviaje, un descuento del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano y la gratuidad de los trenes de media distancia.

Los viajeros que hayan adquirido su abono de transporte en los últimos días, con una bonificación de hasta el 100% en el precio y validez para el actual cuatrimestre, podrán seguir utilizando los servicios de tren y autobús sin realizar pago adicional alguno, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, los usuarios que pretendan hacerse con este título a partir de este jueves ya no podrán hacerlo. Tampoco podrán beneficiarse de las ayudas del Gobierno al transporte de titularidad autonómica.

Ayudas a los damnificados

El rechazo al decreto ómnibus también afecta a las ayudas a los damnificados por la dana que causó 227 fallecidos el pasado octubre y a los afectados por la erupción del volcán de La Palma en 2021.

El decreto ampliaba los préstamos a los afectados por la dana y aumentaba las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias. También permitía que el Gobierno valenciano pudiera, excepcionalmente, "formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo" para ejecutar los planes de reconstrucción necesarios.

Por otro lado, el decreto preveía la prórroga de las medidas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción de un volcán.

Otras medidas

El rechazo al decreto también deja en el aire 4,5 millones de euros que servirían a Ceuta para compensar el enorme esfuerzo de acogida que está haciendo con los menores migrantes que han llegado solos a su territorio.

Además, la reforma incluía la prórroga, hasta el 31 de diciembre de este año, de las ayudas para el agua y la energía, así como el bono social para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, debido a la "insuficiencia de oferta asequible de vivienda", también se recoge la suspensión de los desahucios para las familias "en situaciones de vulnerabilidad".

El Gobierno aún no ha aclarado cómo piensa salvar este varapalo.