El Constitucional salva «in extremis» a una familia de inmigrantes marroquíes del desahucio

El Tribunal Constitucional ha suspendido el desalojo de una pareja de inmigrantes marroquíes con cinco hijos, el menor con síndrome de Down, de su hogar en el barrio madrileño de Vallecas.

Una historia de vulnerabilidad y lucha

Fátima y Abdelaziz, junto a sus cinco hijos, Abdelhalim, Yahia, Imtan, Lina y Ammier, llevan más de una década residiendo en un piso alquilado en Vallecas. En 2022, el propietario les comunicó la resolución del contrato de arrendamiento y el inicio del procedimiento de desahucio.

Ante esta situación, la familia solicitó acogerse al decreto de medidas sociales aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. El informe de los servicios sociales acreditó su situación de vulnerabilidad, pero la moratoria concedida por el decreto expiraba en diciembre de 2022.

La intervención del Constitucional

El pasado 8 de marzo, Fátima presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. En un tiempo récord, el tribunal admitió a trámite el recurso y suspendió el desalojo.

En su sentencia, el Constitucional considera «irrazonable» la interpretación de que solo se pueda plantear una vez la suspensión del desahucio. El tribunal subraya que la situación de vulnerabilidad de la familia se ha agravado con el nacimiento de un niño con discapacidad y que las sucesivas prórrogas del decreto de medidas sociales responden a la necesidad de atender a las familias en situación de vulnerabilidad.

Una victoria para la justicia

La familia de Fátima ha acogido con alivio la decisión del Constitucional, que consideran un acto de justicia. Abdelaziz destaca que han seguido pagando puntualmente el alquiler y reparando las averías de la casa, mientras que el propietario se ha desentendido de sus responsabilidades.

Sin embargo, la familia aún no duerme tranquila, ya que saben que en cualquier momento pueden recibir una nueva fecha de desahucio. Las cajas de la mudanza siguen dispuestas en un rincón, por si tienen que volver a llenarlas a toda prisa.

El derecho a la vivienda digna

El caso de Fátima y su familia pone de manifiesto la difícil situación que enfrentan muchas familias en España para acceder a una vivienda digna. El decreto de medidas sociales ha supuesto una ayuda temporal, pero se necesitan soluciones estructurales para garantizar el derecho a la vivienda para todos.

El Constitucional ha recordado que la protección de los menores es el interés jurídico superior y que no se puede restringir la aplicación de las medidas de protección social.