El Constitucional anula la iniciativa legislativa popular que pretendía relanzar la independencia de Cataluña
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la tramitación en el Parlamento de Cataluña de la iniciativa legislativa popular (ILP) que proponía iniciar un nuevo proceso hacia la independencia de la región.
La sentencia, aprobada por 11 votos a uno, considera que la propuesta era manifiestamente inconstitucional y que, por tanto, la Mesa del Parlamento catalán debería haberla rechazado de plano, sin permitir que culminara el procedimiento de recogida de firmas para su posterior debate en la cámara.
Argumentos del Constitucional
El TC argumenta que el contenido de la ILP suponía un intento de reforma de la Constitución, ya que pretendía reconocer a Cataluña como un sujeto soberano distinto al pueblo español, que es el único reconocido como tal en la Carta Magna.
La sentencia señala que la iniciativa popular afirmaba que "Cataluña es una nación" y que "el pueblo de Cataluña es el único titular de la soberanía nacional", lo que implica una vulneración del artículo 1.2 de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Además, la ILP también preveía que el Parlamento de Cataluña sería el encargado de declarar la independencia, lo que también es contrario a la Constitución, que reserva esta competencia al Gobierno de España.
Voto particular
El único voto particular de la sentencia fue emitido por el magistrado Ramón Sáez, quien considera que debería permitirse que el Parlamento catalán debata sobre iniciativas ciudadanas de este tipo, sin limitaciones apriorísticas.
Sáez argumenta que la Mesa del Parlamento no está obligada a rechazar una ILP por ser inconstitucional, sino que debe permitir su debate para que sea el propio Parlamento quien decida sobre su constitucionalidad.
Recurso del Gobierno
La anulación de la ILP avala sustancialmente el recurso interpuesto por el Gobierno, que ya había alegado que la iniciativa desbordaba las competencias autonómicas y pretendía alterar el orden constitucional.
El Gobierno se basó en la abundante doctrina del TC en este sentido, que establece que las comunidades autónomas no pueden contravenir los mandatos explícitos de la Constitución.
La decisión del TC supone un nuevo revés para el independentismo catalán, que ha visto frustradas sus aspiraciones de lograr la independencia a través de iniciativas unilaterales.
