El derecho a la salud y el futuro de las Zonas de Bajas Emisiones
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula parcialmente la ordenanza de Madrid Central ha generado un gran debate sobre el futuro de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. El TSJM considera que la ordenanza no está suficientemente motivada, ya que no se han valorado adecuadamente las consecuencias económicas de las medidas adoptadas.
El impacto en la salud
Sin embargo, numerosos expertos y organizaciones ecologistas, como Greenpeace, consideran que la sentencia ignora el impacto positivo que las ZBE tienen en la salud pública. Según un estudio del Ayuntamiento de Madrid, la implantación de Madrid Central ha reducido los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad, especialmente los de dióxido de nitrógeno (NO₂), que está relacionado con problemas respiratorios y cardiovasculares.
El TSJM argumenta que la sentencia no discute los beneficios para la salud de reducir la contaminación atmosférica, pero considera que estos no son suficientes para justificar las restricciones impuestas por las ZBE. Sin embargo, los expertos sostienen que la salud pública es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre los intereses económicos, especialmente cuando se trata de un problema tan grave como la contaminación del aire.
El cumplimiento de las normativas europeas
Además, las ZBE son necesarias para que España cumpla con las normativas europeas sobre calidad del aire. La Unión Europea ha fijado unos límites máximos de contaminación atmosférica que Madrid no cumple actualmente. Las ZBE son una medida eficaz para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, por lo que su anulación podría suponer un retroceso en la lucha contra la contaminación.
La necesidad de un enfoque integral
La sentencia del TSJM ha generado incertidumbre sobre el futuro de las ZBE en España. Sin embargo, es importante recordar que las ZBE son sólo una parte de un enfoque integral para abordar la contaminación del aire y proteger la salud pública. También es necesario promover el transporte público, la movilidad sostenible y la eficiencia energética en los edificios. Sólo mediante un enfoque integral podremos crear ciudades más saludables y sostenibles para todos.
La protección del derecho fundamental a la vida y del derecho constitucional a la salud de las personas debe prevalecer sobre los intereses económicos.
- Greenpeace
