El gobierno regional escandalizado por el caso de Alberto González Amador
El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de la región se han involucrado en la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y confeso defraudador. A pesar de que durante semanas han argumentado que el problema no les concierne porque afecta a un particular, el equipo de comunicación del Ejecutivo ha distribuido una denuncia de los abogados del comisionista que ha sido modificada previamente por el jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
Este alto cargo también ha filtrado información tergiversada a medios de comunicación y ha impulsado un bulo contra dos periodistas de El País. Además, el miércoles, Alfonso Serrano, secretario general del PP regional, se reunió con González Amador, días después de que el partido bloqueara en la Asamblea decenas de solicitudes de la oposición sobre el caso. La propia presidenta defendió al acusado en una rueda de prensa correspondiente al consejo de gobierno.
Los abogados de González Amador, acusado de dos delitos de fraude fiscal valorados en más de 350.000 euros y de uno de falsedad en documento mercantil, han presentado este viernes una denuncia por el presunto pirateo de sus correos electrónicos tras un intercambio de correos electrónicos con el comisionista. Este documento, al que ha tenido acceso El País, ha sido distribuido a medios conservadores por el equipo de prensa de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno, y sus metadatos muestran que la última persona que lo modificó fue el jefe de gabinete de la presidenta.
"Hemos informado de la denuncia sin los datos de los abogados", ha justificado MÁR en conversación con El País, para explicar las discrepancias en el contenido del documento.
Así ha reaccionado Díaz Ayuso a la presentación de la denuncia en una rueda de prensa: "Sé que se ha presentado una denuncia ante los tribunales para investigar este posible pirateo. Pido que se sepa qué ha pasado, tanto para él como para cualquier otro ciudadano, porque estaríamos ante un hecho muy grave".
Según los abogados de González Amador, un perito informático ha certificado que han sido "víctimas de un ciberataque" que "habría consistido en retirar información de los sistemas (probablemente para descargar y/o extraer archivos adjuntos con cientos de páginas) y luego volver a enviarlos al buzón de correo de los usuarios, sin levantar sospechas sobre las acciones realizadas".
Los correos afectados habrían sido recibidos por los abogados en la mañana del 2 de abril, a las 11:39 horas, después de haber sido enviados por González Amador. Después de ser contestados, estas comunicaciones habrían desaparecido del sistema para reaparecer seis horas después, "ya el 3 de abril, a las 00:09 horas".
El hecho de que el equipo de prensa de Díaz Ayuso, dirigido por José Luis Carreras, haya distribuido este documento entre medios conservadores demuestra la implicación del núcleo duro de la presidenta en la gestión de la crisis de reputación y política provocada por la polémica. En primer lugar, Rodríguez, el jefe de gabinete de la baronesa, se reunió con González Amador, según confirmó él mismo a este diario, sin aclarar si había otros miembros de su equipo presentes.
Entonces, el 13 de marzo, Díaz Ayuso asumió personalmente la defensa de su pareja: defendió su inocencia (luego se supo que González Amador había admitido los delitos ante la Fiscalía); afirmó que Hacienda debía 600.000 euros al comisionista (una afirmación que nunca se ha confirmado); y denunció "un caso turbio de todos los poderes del Estado contra su pareja".
Inmediatamente después, MÁR se hizo cargo de la gestión comunicativa de la crisis, distribuyendo entre periodistas un correo electrónico enviado por la defensa del empresario a la Fiscalía para dar la impresión de que el Ministerio Público le había ofrecido, y luego retirado, una oferta para llegar a un acuerdo (la iniciativa fue, en realidad, del acusado). A esto se sumó el impulso en medios afines de bulos contra periodistas de El País y eldiario.es que investigaban el caso.
Y ahora la filtración de la denuncia, conocida un día después de que el secretario general del PP de Madrid se reuniera con González Amador en un restaurante de Barajas.
¿Cómo se justifica el uso de todos estos recursos públicos en el caso de un particular?, se le ha preguntado este viernes a Díaz Ayuso. "No puedo hablar en nombre de un particular, porque los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia", ha dicho el presidente regional. "Sí puedo expresar mi preocupación, y lo puede hacer mi Gobierno, todos los gobiernos y cualquier ciudadano, porque se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, y aquí está sucediendo todo lo contrario", añadió.
"No se trata de un particular, sino del Estado de derecho", continuó. "Tengo la sensación de que cualquier ciudadano que sea incómodo tendrá que enfrentarse a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos, como estamos viendo, más aún si sirve para intentar aniquilar al adversario político", argumentó. Y concluyó: "Se trata de una cuestión que va más allá de un particular".
Todo un cambio de guion: de que la Comunidad no tenía nada que decir, porque no había dinero público ni contratos con la región implicados en el caso, a que sea parte activa en la defensa del comisionista que convive con la presidenta Díaz Ayuso.
