El expresidente de Murcia será juzgado en 2027 por presuntos delitos cometidos en 2006
El expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se sentará en el banquillo de los acusados en 2027 por su presunta implicación en delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones vinculados a la gestión de una planta desaladora en 2006. La Audiencia Provincial de Murcia ha fijado la fecha del juicio para el 15 de septiembre de 2027, 21 años después de los hechos que se investigan.
Según el Ministerio Público, Valcárcel, que presidió la comunidad autónoma entre 1995 y 2014, habría incurrido en estas irregularidades durante la construcción y posterior venta de la desaladora, ubicada en el Valle de Escombreras, en Cartagena. La Fiscalía sostiene que la gestión de esta infraestructura generó importantes sobrecostes que fueron asumidos por la administración pública.
El fiscal considera que Valcárcel, que también fue presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea entre 2012 y 2014, conocía la situación financiera de la planta y que nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento desde su inauguración en 2007.
El expresidente murciano se enfrenta a penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación continuada, fraude continuando y malversación de caudales públicos.
El retraso en la celebración del juicio se debe al gran volumen de procedimientos pendientes de juicio que acumula la Audiencia Provincial de Murcia. La agenda de la Sección 3, que será la encargada de llevar a cabo el procedimiento, está ocupada hasta junio de 2027.
El juicio se prolongará hasta el 9 de noviembre de 2027 y pasarán por él más de 80 testigos. Se practicarán diferentes pruebas periciales, entre ellas la declaración de expertos en materia económica y jurídica.
Valcárcel será el segundo presidente de la Región de Murcia en ser juzgado por corrupción. Su sucesor en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, fue condenado en 2023 a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por amañar un concurso para adjudicar a dedo las obras de construcción de un auditorio.
