El fiscal general del Estado, investigado por el Supremo por violación de secretos
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por una acción popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos del artículo 417 del Código Penal.
La querella se basa en la publicación de unas informaciones sobre los pactos del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía, publicadas en el diario El País el pasado mes de mayo.
El Supremo ha considerado que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, y ha designado como magistrado instructor al juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El fiscal general del Estado niega los cargos
El fiscal general del Estado ha negado las acusaciones y ha asegurado que no ha revelado ningún secreto ni ha violado la custodia de ningún documento. Ha añadido que la información publicada en El País era "inexacta" y que "se ha utilizado para atacar al Ministerio Público y a su persona".
La Fiscalía pide "prudencia"
La Fiscalía General del Estado ha pedido "prudencia" y ha asegurado que se está investigando el caso "con total transparencia". Ha añadido que el fiscal general del Estado tiene "plena confianza" en la Justicia y que está dispuesto a colaborar con la investigación.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas a la investigación del fiscal general del Estado no se han hecho esperar. El Partido Popular ha pedido la dimisión de García Ortiz, mientras que el PSOE ha defendido su presunción de inocencia.
Ciudadanos ha pedido que se aclare el caso con "transparencia" y Podemos ha exigido que se depuren responsabilidades si se demuestra que el fiscal general del Estado ha cometido algún delito.
La investigación del fiscal general del Estado es un hecho sin precedentes en la democracia española. Se trata de la primera vez que un fiscal general del Estado es investigado por un delito penal.
El caso ha generado una gran expectación mediática y política, y se espera que tenga un impacto significativo en la imagen del Ministerio Público y en la confianza de los ciudadanos en la Justicia.