El papel del fiscal general, en entredicho por la filtración de un pacto fiscal
El juez del Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado por revelar un secreto, un correo electrónico donde el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía a la Fiscalía un pacto para reconocer dos delitos fiscales y pagar una multa a cambio de una condena reducida. Un acuerdo que EL PAÍS conoció al menos 31 horas antes de que el fiscal general lo solicitase.
El secreto que circulaba por las redacciones
El 12 de marzo, fuentes jurídicas informaron a EL PAÍS que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, había propuesto a la Fiscalía un acuerdo de conformidad para reconocer los delitos fiscales y pagar una multa, según el cual aceptaría devolver lo defraudado (350.951 euros) más los intereses de demora para reducir su condena a solo ocho meses de cárcel.
EL PAÍS intentó confirmar la información con el abogado de González Amador, pero no obtuvo respuesta. Tampoco la obtuvieron otros medios de comunicación, como El Mundo, Cadena SER o elDiario.es, que también tuvieron conocimiento de la oferta del acuerdo antes de que el correo electrónico llegase a manos del fiscal general del Estado.
La Fiscalía reclama el correo electrónico
El 13 de marzo, el fiscal general solicitó a sus subordinados los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Esta solicitud se produjo después de que varios medios de comunicación publicaran información sobre el pacto, lo que pone en duda que el fiscal general pueda ser investigado por revelación de secretos.
La jurisprudencia del Supremo
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando se revela un secreto a un profesional de la información, el secreto pierde su carácter reservado. Por lo tanto, si el fiscal general tuvo conocimiento de los correos electrónicos después de que su contenido fuera publicado por los medios de comunicación, no habría cometido un delito de revelación de secretos.
Las pruebas de EL PAÍS
EL PAÍS dispone de pruebas que demuestran que conoció la información sobre el pacto al menos 31 horas antes de que el fiscal general la reclamara a sus subordinados. Estas pruebas incluyen:
- Mensajes de WhatsApp entre periodistas de EL PAÍS donde se discute la información.
- Correos electrónicos enviados por periodistas de EL PAÍS al abogado de González Amador solicitando confirmación de la información.
Conclusiones
El juez del Tribunal Supremo deberá determinar si el fiscal general del Estado reveló un secreto al solicitar los correos electrónicos sobre el pacto fiscal después de que su contenido fuera publicado por los medios de comunicación. Las pruebas de EL PAÍS demuestran que el fiscal general tuvo conocimiento de la información antes de solicitar los correos electrónicos, lo que pone en duda que haya cometido un delito de revelación de secretos.