El fiscal general se niega a dimitir pese a la investigación del Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que no tiene intención de dimitir si el Tribunal Supremo le imputa por un supuesto delito de revelación de secretos. La acusación surge a raíz de una nota informativa en la que desmintió los bulos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) contra la institución que dirige.

Apoyo de los jueces

En su decisión de mantenerse en el cargo también ha influido el apoyo recibido de distintos colectivos, entre ellos los participantes en el Congreso de Jueces y Juezas para la Democracia celebrado en Vigo. "Hacía mucho que no me sentía tan querido", declaró García Ortiz a los jueces, que le arropaban con aplausos y bravos.

"La vida nos coloca a veces en situaciones en las que hay que tomar decisiones, y las cosas hay que hacerlas cuando te tocan. Cualquier de vosotros que estuvierais en mi lugar, haríais lo mismo: seguir la ley que es lo que nos han enseñado. Y fuera de la raya de la ley no hay nada, está el vacío".

La respuesta de Ayuso

García Ortiz ordenó el 14 de marzo la difusión de una nota informativa para aclarar el estado del proceso abierto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y delincuente fiscal confeso. La Fiscalía informó de las circunstancias de ese procedimiento para responder al Gobierno de Ayuso, que horas antes había difundido un correo electrónico del fiscal encargado del caso al abogado de González Amador.

En ese correo, el fiscal invitaba al abogado a tramitar un acuerdo de conformidad por el que, confesando los delitos, González Amador podría acceder a una rebaja de las penas de cárcel previstas para este tipo de delitos.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, informó a los periodistas que, por "órdenes de arriba", en referencia a los jefes de la Fiscalía, se había retirado ese ofrecimiento de un acuerdo por correo electrónico.

La información del Gobierno de Ayuso, incluyendo la transcripción del correo electrónico del fiscal al abogado y el ataque a la fiscalía sobre unas órdenes inexistentes, fue publicada por algunos medios de comunicación sin contrastarla con la institución criticada.

La versión de la Fiscalía

El fiscal general del Estado ordenó unas horas después a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota informativa. Con esa información oficial, el fiscal general pretendía aclarar los hechos reales del procedimiento a los medios de comunicación que preguntaron por la denuncia del Gobierno de Ayuso.

Esa comunicación, con el membrete de la Fiscalía de Madrid, daba cuenta de que González Amador había ofrecido el 2 de febrero a la fiscalía de delitos económicos un acuerdo de conformidad para reducir las penas de cárcel que le correspondieran confesando los delitos ―dos fraudes fiscales por 350.000 euros perpetrados en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondientes a 2020 y 2021― y devolviendo lo defraudado más una multa.

La información oficial de la Fiscalía sobre las gestiones del abogado de la pareja de Ayuso para librarle de entrar en la cárcel destapaba las mentiras de un Gobierno autonómico que se afana desde hace meses en defender a un delincuente fiscal confeso.

Investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

González Amador presentó una querella por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que abrió una causa para investigar quién dio la orden de difundir la nota informativa. La investigación judicial no se ha preocupado de momento por conocer quién filtró el correo entre la fiscalía y el abogado de González Amador que utilizó el Gobierno de Ayuso para atacar a la Fiscalía.

El fiscal general del Estado asumió la responsabilidad de la nota informativa y así se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicándole que se inhibiera de seguir instruyendo la causa dado que la competencia era del Supremo.

Pese a ello, el instructor del caso tomó declaración a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, quien confirmó lo que García Ortiz había comunicado al tribunal.

Posible imputación por el Tribunal Supremo

El paso lógico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si sigue pensando que el caso entra dentro de los supuestos de revelación de secretos que recoge el Código Penal, sería redactar una exposición razonada para que el Tribunal Supremo, único competente para juzgar al fiscal general del Estado, decida si abre causa a García Ortiz.

Sería el primer caso en la reciente etapa democrática con un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. Si esa situación llega, García Ortiz se defenderá sin abandonar su cargo. Su entorno más próximo asegura que "está dispuesto a defender el derecho de la Fiscalía a rebatir informaciones falsas y el deber de proporcionar información veraz a la ciudadanía". "Y lo volvería a hacer", remachan.