El **ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres**, ha encargado al servicio jurídico del Ministerio **un informe para llevar ante el Tribunal Constitucional la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox** contra la **legislación de memoria**, que han decidido sustituir por otras normas llamadas "de Concordia".
El PP y Vox reescriben la historia
El pasado martes, representantes de los grupos parlamentarios del PP y Vox en Castilla y León presentaron una proposición de ley para **derogar el decreto en materia de memoria en la comunidad**, aprobado en 2018, bajo el pretexto, según explicó Carlos Menéndez, diputado de la extrema derecha, de que obedecía a "una visión sesgada y sectaria de la historia" y para "eliminar imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial".
Según el **nuevo relato normativo que pretende aprobar el bipartito**, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores" llevadas al "paroxismo", es decir, la exaltación de las pasiones. El texto se remonta a 1931 y evita la palabra "dictadura". Preguntado por qué, el diputado del PP Raúl de la Hoz aseguró en rueda de prensa que la condena a ese periodo estaba "implícita". Su socio, sin embargo, recordó que Vox no hace "valoraciones" sobre "ningún periodo histórico" e insistió en que el nuevo texto da "el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978".
La "concordia" al servicio del negacionismo
De la Hoz aseguró que eso no suponía "de ninguna manera, equiparar la II República con la dictadura". Preguntado por si veía compatible promulgar "la concordia" cuando el líder de su partido asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el peor en 80 años", el portavoz de Vox afirmó que "desde luego que sí": "No solo es el peor de nuestra democracia, sino del último periodo histórico más reciente de España". En redes sociales, el europarlamentario del partido ultra Herman Tertsch, celebró el pasado 28 de marzo con una imagen de brazos en alto que Madrid hubiera sido "liberada por Franco de 32 meses de terror rojo" en 1939.
En la Comunidad Valenciana, PP y Vox también presentaron, el pasado 21 de marzo, una proposición de "ley de Concordia" para sustituir a la actual ley regional de memoria, de 2017. El texto replica el párrafo sobre el "paroxismo" que originó, a su juicio, la Guerra Civil y establece que "una dirección eminentemente técnica" garantizará la autonomía de la voluntad de las familias "sin reabrir las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria". También afirma que la legislación de memoria aprobada por gobiernos de izquierdas decretaba "la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles" para "moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos".
El Ejecutivo central llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la normativa de memoria
En Aragón, el gobierno bipartito derogó el pasado febrero la ley autonómica de memoria regional por un procedimiento de urgencia, de lectura única. El PP y Vox habían presentado la iniciativa legislativa —un solo artículo para un solo propósito— el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco. Vox ha logrado incluir la derogación de la normativa de memoria, una de sus grandes banderas, en sus pactos con el PP.
Para el **Ejecutivo central**, ese desmontaje del aparato legal que apoyaba las políticas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en los distintos territorios puede conculcar la ley estatal vigente desde octubre de 2022, motivo por el que estudian llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Fuentes del Gobierno creen que detrás de esas nuevas leyes de Concordia hay "negacionismo" y "blanqueamiento" del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista y que suponen un intento de "reescribir la historia".
El PP y Vox mienten sobre la normativa autonómica de memoria
El PP y Vox sostienen, para derogar la normativa autonómica de memoria, que solo atiende a las víctimas de un bando, que impide la "concordia" entre españoles y supone un ataque a la Constitución de 1978 y la transición democrática. Son premisas falsas. La normativa ampara a todas las víctimas, sin distinción de ideología. En la práctica, son las familias del bando perdedor de la guerra las que más se benefician porque son sus parientes los que aún yacen en fosas y cunetas, ya que Franco elaboró su particular legislación de memoria durante toda la dictadura para recuperar los restos de "los caídos por Dios y por España" —encargó un protocolo de exhumaciones— y para compensar a sus descendientes a través de distintas vías, simbólicas y económicas. Todo quedó registrado en el BOE.
La palabra "concordia" es una farsa
La palabra "concordia", con la que PP y Vox han bautizado las leyes sustitorias está presente en todos los textos que pretenden derogar. Tampoco es cierto que esos textos ataquen la Transición democrática o la Constitución de 1978. Al contrario, hay párrafos prácticamente idénticos en ese sentido entre los nuevos textos promovidos por la derecha y la extrema derecha y los que quieren abolir. Dice, por ejemplo, la ley de Concordia de PP y Vox en la Comunidad Valenciana: "La Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación del pasado. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y ha sido la base de una de las épocas de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país". Y reza la ley estatal de memoria democrática: "La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país".
El Gobierno continuará aplicando la ley estatal de memoria democrática
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman, ante la preocupación de las víctimas, la mayoría de ellas de edad muy avanzada, que el Gobierno continuará aplicando la ley estatal hasta el último rincón, admitiendo que, en muchos casos, ya ha llegado tarde.
