El Gobierno denuncia en Europa la ofensiva de PP y Vox contra las leyes autonómicas de Memoria
Madrid y Bruselas negocian la derogación de normativas aprobadas por los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
El Gobierno trasladará a las instancias europeas e internacionales la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox contra las leyes de memoria regionales, que han decidido sustituir en esos territorios por otras normas llamadas de “concordia”. Tras anunciar que recurriría al Tribunal Constitucional las iniciativas de estos tres gobiernos autonómicos si no rectifican, el Ejecutivo ha comunicado este jueves que pondrá en marcha una batería de iniciativas dirigidas a la ONU, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo. Entre ellas incluye peticiones de debates, informes y evaluaciones de las políticas de memoria del PP y Vox, con las que buscan evidenciar “la gravedad” de sus actuaciones, “contrarias a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática”, según fuentes del Gobierno.
Cláusula de derogación
La Ley de Memoria Democrática, de carácter y ámbito nacional, sigue vigente en toda España a pesar de esas iniciativas autonómicas, pero la supresión de las normativas regionales puede ralentizar o entorpecer la aplicación de algunas medidas previstas en esa ley. Aragón, que derogó la ley regional de memoria en febrero por el procedimiento de urgencia, es el primer Gobierno autonómico con el que busca negociar.
Acusaciones cruzadas
El ministro de Política Territorial explicó el pasado lunes que, antes de recurrir al Tribunal Constitucional, el Gobierno iba a intentar llegar a un acuerdo con los gobiernos autonómicos de PP y Vox. Torres explicó que, al eliminar la norma autonómica, se dificulta la localización de las víctimas, ya que se suprime el mapa de fosas regional. “Esto invade la competencia del Derecho internacional y vulnera la defensa de los derechos humanos”, aseguró.
El martes pasado, los grupos parlamentarios del PP y Vox en Castilla y León presentaron también una proposición de ley para derogar el decreto de memoria en la comunidad, aprobado en 2018; en la Comunidad Valenciana, las mismas formaciones presentaron el 21 de marzo una proposición de “ley de concordia” para sustituir la actual ley regional de memoria, de 2017.
El Ejecutivo señala a la ONU
En un afán por dar a conocer fuera de las fronteras las políticas de los Gobiernos autonómicos del PP y Vox, el Ejecutivo se dirigirá a la ONU para pedir al Relator especial sobre verdad, justicia y reparación y al Relator de ejecuciones extrajudiciales que evalúen esas medidas y las comparen con “las mejores prácticas internacionales” y “los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”.
Respuesta europea
En el Parlamento Europeo, el Gobierno quiere promover iniciativas para incluir este asunto como tema de debate y votación a través del grupo S&D, la alianza progresista de Socialistas y Demócratas, de la que forman parte los socialistas. Y, ante el Consejo de Europa, invocarán la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Entre las actuaciones que planean, según fuentes gubernamentales, está informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos de la “gravedad de la situación” en las comunidades afectadas, pedir un informe sobre la situación de la memoria democrática en España y que se celebre un “debate urgente” en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Memoria histórica
El Ejecutivo lleva toda la semana centrando en este asunto su crítica al PP y, en ese contexto, Sánchez ha visitado este jueves el laboratorio instalado en el Valle de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses trabaja para tratar de identificar los restos de 160 víctimas de la Guerra Civil, la mayoría represaliados del franquismo, reclamados por sus familiares. “La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”, ha escrito el presidente del Gobierno en la red social X. “Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura”, ha añadido en un mensaje con imágenes de la visita.
Le ha acompañado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los dos forenses que dirigen el equipo, Francisco Etxeberria y Francisco Ferrandis.
