El Govern catalán inicia la reforma de la administración pública para acercarla a la ciudadanía
El Gobierno de Cataluña trabaja en la transformación de la administración pública para hacerla más ágil, cercana al ciudadano y eficiente. Con este fin, ha creado una comisión de 68 expertos y 12 grupos de trabajo que deberá elaborar un informe en los próximos 10 meses con propuestas concretas.
Diez trámites complejos que se transformarán
Mientras se espera el informe de dicha comisión, el Govern ya ha comenzado la reforma identificando los 10 trámites digitales más complejos y con mayor impacto para la ciudadanía, entre los que se encuentran desde el reconocimiento del grado de discapacidad o las ayudas al alquiler, hasta las ayudas de dependencia o para comprar coches. El objetivo es empezar a transformarlos para reducir el tiempo de espera, facilitar la tramitación telemática y mejorar su diseño y usabilidad.
Estos diez trámites son:
- Reconocimiento del grado de discapacidad y prestaciones
- Ayudas y subvenciones al alquiler
- Ayudas del ICAEN vinculadas al plan Moves III y a energías renovables
- Gestión de la pensión no contributiva por invalidez o jubilación
- Trámites sobre familias numerosas o monoparentales
- Acceso y preinscripción a la universidad
- Renta garantizada de ciudadanía
- Homologación de los títulos extranjeros no universitarios
- Trámites de dependencia
- Ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes
Medidas adicionales para mejorar la administración
Además de la reforma de estos diez trámites, el Govern impulsará una encuesta a la ciudadanía sobre los servicios digitales, implementará un sistema de evaluación que los usuarios podrán rellenar después de utilizarlos y pondrá en marcha un nuevo observatorio sobre la administración digital. También eliminará la obligación de tener cita previa y promocionará la dirección pública profesional.
“Hay un consenso extraordinario sobre el hecho de que es necesario un cambio en la Administración, porque está demasiado lejos de la ciudadanía y de las empresas”, ha afirmado el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.
Dalmau ha destacado que esta transformación no busca desmantelar la administración, sino proteger los servicios públicos, el Estado del Bienestar y la democracia.