El INE pone freno a las aspiraciones políticas y a las campañas anticipadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo de infracciones para la elección judicial que busca frenar las aspiraciones políticas de quienes aún no han obtenido una candidatura, las campañas anticipadas fuera de los plazos legales y la intervención de servidores públicos en la promoción de candidaturas.

Restricciones a las aspiraciones políticas

A partir de ahora, los aspirantes y quienes obtengan una candidatura tienen prohibido contratar espacios en medios de comunicación, realizar actos anticipados de campaña, caer en calumnia, vulnerar el interés superior de la niñez, entregar beneficios o publicar, difundir o contratar la realización de encuestas o sondeos de opinión.

Además, los aspirantes y candidatos no podrán difundir propaganda con referencias a un partido o fuerza política, y se vigilará que no hagan uso de recursos públicos.

Freno a las campañas anticipadas

El INE también estableció restricciones para las campañas anticipadas, las cuales no podrán realizarse fuera de los plazos legales.

Los partidos políticos no podrán intervenir de ninguna manera en las campañas y las personas del servicio público no podrán involucrarse en proselitismo ni manifestarse a favor de alguna candidatura.

Tampoco podrán contratar publicidad, espacios en medios de comunicación, usar programas sociales o recursos públicos para promover candidaturas.

Restricciones a servidores públicos

El INE también aprobó restricciones para la intervención de servidores públicos en las campañas electorales.

Las personas servidoras públicas no podrán participar como moderadoras en foros relacionados con la ejecución de programas sociales, ni podrán utilizar recursos públicos para promover candidaturas.

Estas medidas buscan garantizar la equidad de la contienda y evitar que los recursos públicos se utilicen para favorecer a determinados candidatos.

El INE protege la democracia

Con la aprobación de este catálogo de infracciones, el INE reafirma su compromiso con la protección de la democracia y el Estado de Derecho.

Estas medidas son esenciales para garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen de manera transparente, imparcial y apegadas a la ley.