La mayor investigación contra la trata y la prostitución en España termina en un pacto vergonzoso

El que fuera considerado el mayor golpe a la trata de personas y el proxenetismo en España ha quedado reducido a cenizas por el pacto alcanzado entre las partes implicadas. La Fiscalía ha rebajado considerablemente las condenas solicitadas inicialmente y los acusados se enfrentan ahora a penas mínimas.

Penas irrisorias para los acusados

El guardia civil Armando Lorenzo, principal encausado en esta pieza, acusado de una decena de delitos y para quien inicialmente se pedían 21 años de prisión, previsiblemente no ingresará en la cárcel debido a su deteriorado estado de salud.

Los tres proxenetas que se sientan junto a él en el banquillo, que se enfrentaban a penas de hasta año y medio por cohecho pasivo, finalmente no tendrán más que pagar una multa de 2.000 euros.

Reacciones de indignación

El pacto ha generado una ola de indignación entre las víctimas y colectivos antitrata, que denuncian la impunidad de los acusados y el fracaso de la justicia.

Antes de la vista, abogados de varios proxenetas criticaron el largo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que se inició hace casi 16 años.

Falta de personación de las administraciones

A pesar de que la propia jueza instructora y colectivos antitrata pidieron al Ayuntamiento de Lugo y a la Xunta de Galicia que se personaran como acusación para defender a las cerca de 400 víctimas del caso, estas dos administraciones nunca lo hicieron.

Detalles del juicio

El juicio se inició esta semana en la Audiencia Provincial de Lugo y, tras el pacto alcanzado, se ha reducido de ocho sesiones a solo dos.

El único de los cinco imputados que se ha negado a firmar un acuerdo de conformidad es Julio Baquero, el jefe del Emume, quien prestará declaración este miércoles ante la jueza de la Audiencia María Luisa Sandar.

Conclusiones

El pacto alcanzado en el caso Carioca supone un duro golpe a la lucha contra la trata de personas y el proxenetismo en España. Las víctimas han quedado desprotegidas y los acusados se han librado de penas justas.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar que los delitos graves no queden impunes y que las víctimas reciban la justicia que merecen.