El Poder Judicial avala la reforma que deja a los fiscales la investigación penal
El dictamen del CGPJ, que desbloquea el trámite de la ley, exige reforzar la independencia de la Fiscalía
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el informe sobre la reforma legal que deja la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. El dictamen del órgano de gobierno de los jueces avala ese cambio, que implicará un vuelco en el proceso penal, aunque considera “imperativo” reforzar previamente la independencia de la Fiscalía para que no esté sujeta a “injerencias o presiones externas”. Según fuentes del órgano, el informe ha sido aprobado por unanimidad de los 21 miembros del Consejo.
El aval del órgano de gobierno de los jueces ha salido adelante casi cuatro años después de que el Gobierno reclamara al CGPJ ese dictamen, preceptivo para poder aprobar la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años. El informe del Consejo permitirá ahora al Gobierno acelerar la aprobación de una reforma que se puso en marcha hace casi 15 años, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la que el PP también se ha mostrado favorable y que cuenta con el beneplácito de la mayor parte de las carreras judicial y fiscal, pero que se ha ido retrasando.
Ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en noviembre de 2020 y, en febrero de 2021, encargó al CGPJ los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma. Fuentes del Ejecutivo señalan que la intención es que la ley se vote en el Congreso en el primer trimestre de 2025.
El informe al que el Consejo ha dado luz verde es prácticamente el mismo que emitió el anterior CGPJ en junio pasado, pero los entonces vocales renunciaron a votarlo porque ya estaba anunciada la renovación del órgano tras cinco años con el mandato cumplido y consideraron que debía refrendarlo el nuevo pleno. Un grupo de cuatro vocales del actual órgano ha estudiado el texto que dejaron hechos sus antecesores, de 580 páginas, y han optado por dejarlo tal cual y añadirle solo unos anexos con correcciones técnicas y adaptaciones a cambios normativos recientes, explican fuentes del órgano.
El dictamen del Consejo concluye que poner a los fiscales al frente de las investigaciones penales es constitucional, y recuerda que ese modelo es el que impera en el resto de países de la UE e incluso está ya implantado en España en la jurisdicción de menores. No obstante, el Consejo advierte de que, antes de que entre en vigor, es necesario una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) “que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio Público”.
La reforma de la Lecrim contempla adaptar el Ministerio Fiscal para su nuevo cometido, pero, según el Consejo, las previsiones actuales del texto resultan “insuficientes para dotar al Ministerio Fiscal (...) de la debida autonomía e independencia externa e interna”. “Resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación”, señala el documento.
La redacción de un nuevo Estatuto para la Fiscalía está ya prevista y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, constituyó en abril pasado una mesa de trabajo y encargó a las asociaciones judiciales que fueran ellas las que asumieran la redacción. Pero la guerra abierta contra el jefe del Ministerio Público por un sector de la carrera, llevó a las dos asociaciones conservadoras (la Asociación de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales) a levantarse de la mesa de trabajo.
El informe del CGPJ advierte de que esa futura reforma del Estatuto por el que se rige la Fiscalía debe introducir mejoras en el nombramiento del fiscal general del Estado y aumentar “el espacio de inmunidad frente a la intervención del Gobierno” y “el régimen de relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General”. La ausencia de dependencia del fiscal general con respecto al Ejecutivo, señala el texto, “debería venir reforzada con la incorporación de una prohibición expresa y taxativa de dirigir al fiscal general órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo”.
El Consejo propone también “reforzar la colegialidad en la toma de decisiones mediante el carácter preceptivo y, en su caso, vinculante del informe del Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala”, lo que, en opinión del órgano de gobierno de los jueces, “resulta especialmente pertinente en los casos de discrepancia entre el fiscal y el fiscal jefe.
El texto aconseja también replantear el mecanismo de las instrucciones, el instrumento mediante el que el fiscal general dicta las directrices sobre cómo deben actuar los fiscales ante determinados casos para garantizar la unidad de criterio. El CGPJ admite que esta herramienta “entronca cabalmente con el principio de unidad de actuación”, pero considera que las instrucciones particulares “condicionan abiertamente la autonomía e independencia de la actuación del fiscal en un asunto concreto”, por lo que opta por aconsejar suprimirlas o regularlas para que sean “transparentes, por escrito y motivadas, y que sólo puedan tener sentido positivo, (...) prohibiéndose las que tengan sentido negativo, de abstenerse de actuar”.
