El PP y Vox se unen para consultar al Consejo de Estado sobre la comparecencia de Sánchez en la Asamblea
La Mesa de la Asamblea de Madrid, en la que el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, ha aceptado una petición de Vox para que el Parlamento regional consulte “de urgencia” al Consejo de Estado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está obligado a comparecer el próximo miércoles 19 en la última sesión de la comisión que investiga el presunto trato de favor recibido por su mujer, Begoña Gómez, por parte de la Universidad Complutense (UCM).
El matiz que introduce la derecha
Aunque el órgano consultivo ya ha dictaminado en ocasiones precedentes que los miembros del Gobierno central no están obligados a acudir a Parlamentos regionales, las formaciones de derechas justifican su petición al introducir un matiz: Sánchez, argumentan, no comparecería como presidente, sino como esposo de Gómez. Una pirueta argumental a la que el PP y Vox se agarran como a un clavo ardiendo para mantener viva una investigación que no ha deparado novedades de calado, y de la que Más Madrid y PSOE se han desligado en protesta porque dependa de unas reglas diseñadas a medida de los conservadores.
El PSOE ve la maniobra con estupor
La maniobra del PP y Vox, en todo caso, ha causado estupor en el PSOE. Primero, porque el propio partido conservador ha rechazado en el pasado que puedan comparecer en la Asamblea delegados del gobierno de sus siglas precisamente por representar al ejecutivo central. Segundo, porque el Consejo de Estado ya rechazó que los integrantes del gobierno de Mariano Rajoy estuvieran obligados a comparecer en una comisión del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, con el mismo argumento: el ejecutivo central es solo fiscalizable por el Congreso y el Senado. Y tercero, porque la convocatoria que ya se ha enviado a La Moncloa de cara al 19 de febrero recoge negro sobre blanco que se cita a Sánchez como presidente del Gobierno.
El origen de la investigación
El PP, que goza de mayoría absoluta en la Asamblea, impulsó esta comisión en verano con la excusa de que el caso que afecta a Gómez, investigada también judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM, afectaba al prestigio del centro educativo.
La investigación languidece
Sin embargo, la investigación parlamentaria languidece desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar. De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.
“No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal.
Y este miércoles, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (...) Fue un proyecto más”.
